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Los abogados Rafael Nina y Roberto Faxas, representantes legales de los afectados por la explosión en San Cristóbal, aseguraron en El Sol de la Mañana que el siniestro aún no ha tenido una resolución legal debido a deficiencias en el informe que determina las causas y responsabilidades del incidente.
Según los abogados, el informe presentado hasta el momento no cumple con los estándares necesarios para establecer las responsabilidades de los implicados, lo que ha retrasado el proceso judicial.
Los representantes de las víctimas expresaron su preocupación por el avance lento de la investigación y aseguraron que seguirán luchando para que se haga justicia y se sancione a los responsables del trágico evento.
Los abogados Nina y Faxas indicaron que el Ministerio Público, a tan solo una semana del incidente, ya había señalado a la empresa Vida al Plazo San Cristóbal como responsable, lo que generó dudas en ellos. "Estas son la gente responsable", mencionaron, citando la declaración oficial.
Sin embargo, explicaron que Vida al Plazo no estaba operando en el momento de la explosión. "No puede ser responsable por una sencilla razón, Vida al Plazo no estaba laborando ahí al momento de acontecer el incendio explosión", aclararon.
Con este contexto, los abogados decidieron presentar un recurso contencioso administrativo contra el Estado dominicano, la empresa Consorcio RILCO, el Ministerio de Obras Públicas y el Ayuntamiento de San Cristóbal. "La secuencia de la prueba y todas las imágenes digital y audiovisual fueron clave en este proceso. Todo eso lo llevamos a un tribunal, que fue el Tribunal Superior Administrativo", detallaron.
A pesar de los esfuerzos, el primer grupo de demandantes fue rechazado por la quinta sala del Tribunal Superior Administrativo, que se basó en un informe de los bomberos que exoneraba a las personas señaladas inicialmente como responsables.
Sin embargo, los abogados apelaron la decisión, llevando el caso a casación. En esta nueva instancia, se logró que los jueces reconsideraran el caso, argumentando que no debían centrarse en determinar qué fue lo que explotó, sino quién tenía la responsabilidad sobre la propiedad en cuestión.
El Tribunal de Casación dispuso un nuevo juicio, con directrices claras para investigar quién tenía el control de la propiedad en el momento del siniestro.
Medina y Faxas señalaron que, durante el nuevo proceso, se demostró, con pruebas documentales y testimoniales, que la empresa Consorcio RILCO había estado presente en el lugar antes y después de la explosión, participando en las labores de demolición del Mercadito Viejo de San Cristóbal.
"Ellos mismos establecen claramente que estaban ahí, quienes estaban ahí destruyendo ya el mercadito, de los escombros, antes, durante y después de la explosión", explicaron.
En cuanto al informe de los bomberos, los abogados aseguraron que el documento contenía varias falencias y contradicciones. "El informe pone tres lugares diferentes donde ocurrió el incidente. Cuando pedimos una copia certificada del informe y los libros de entrada y salida, el cuerpo de bomberos nos respondió que no podían emitir nada, alegando que no tenían nada registrado", indicaron.
A pesar de las dificultades, los abogados mantienen la esperanza de que la nueva sala judicial, bajo las directrices establecidas por la Suprema Corte de Justicia, podrá arrojar respuestas claras sobre la responsabilidad de los involucrados.
"Lo que esperamos de esta nueva sala es que, finalmente, se determine quién tenía la guarda y el control del inmueble donde ocurrió la explosión, y se haga justicia para las víctimas", concluyeron.