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Santo Domingo.- El abogado y político, Ángel Lockward, explicó el borrador de informe de la Unidad Antifraude la Contraloría General de la República estableciendo que el Estado se le defraudó con 12,000 millones porque las propiedades no se podían transferir, que es falso, que incluye algunos de sus clientes.
La explicación la ofreció a El Sol de la Mañana de RCC Media, el de mayor influencia, presente siempre en los grandes eventos.
Expresó que en el caso hay personas que están haciendo de Lobby y que son gentes más ligada a Hacienda y Presupuesto.
"Son lobbistas que vienen y ofrecen soluciones si les da un porcentaje, y a veces o tú lo atiendes o tú no cobras, eso es diferente. Los que me han llegado a mi con relación al año pasado en relación a abogados, recomendados en la comisión, los que me han llegado a mi antes son quejas de de peticiones en ese sentido cuando el informe era totalmente secreto", indicó.
Sostuvo que la naturaleza del informe era para que nadie se pudiera defender y todo el mundo tuviera miedo y entonces poder pedirle dinero a mucha gente.
Ángel Lockward precisó que los lobbistas no tienen que ser abogados sino gente que se dedican a hacer gestiones y con abogados.
Expresó que algunos son hijos de políticos y algunas son empresas de negocios de valores vinculadas a funcionarios.
"Si el presidente quiere yo lo digo quiénes", acotó
El abogado y político expresó que el presidente Luis Abinader al no dar empleo a todos los abogados que lo apoyaron ha creado comisiones para que se dediquen por la libre a realizar trabajos de persecución que compete a la Procuraduría General de la República.
Indicó que si la Procuraduría encuentra elementos de juicio para un proceso penal es normal que después el Estado se constituya en actor civil, pero no antes que el Estado mande a los actores civiles a excavar para que tengan entonces trabajos por el cual cobrar porque así siempre va a ver procesos aunque no haya faltas porque hay alguien a quien tú mandaste a trabajar y no les paga que tiene que buscársela.
Consideró que eso fue un error de su presidente que le puede salir bastante caro al Estado.
Dijo que los "cazafortunas y comisionistas del gobierno" le caen encima a su cliente pidiéndole porcentajes para para pagarles sentencias a las que se ha opuesto ilegalmente en pago .
"Entonces eso me ha hecho llevar una serie de procesos, y en esos procesos, en uno de ellos, en el proceso de demanda en responsabilidad patrimonial a los auditores, que ya le vendrá la del controlar, en ese proceso han depositado este escrito en que los auditores dice: Que se trata de un borrador de trabajo", adujo.
Ángel Lockward precisó que el Contralor es el responsable de Contraloría y no ha cometido nada, pero que en la administración pública ha responsabilidad por comisión, que no la tiene, pero que hay por omisión, y que el daño no tiene que ser ni siquiera intencional, por lo que no puede haber tenido ninguna intención dañosa como un funcionario cualquier, y que sin embargo el funcionario y el Estado conforme al artículo 148 de la constitución y 57 y siguiente de la Ley8 107 es responsable, incluso si no es dolosamente.
"Yo no creo que el Contralor ha hecho nada de mala fe, yo creo que simplemente él vio eso, él no era responsable, él no lo tramitó, él no lo aprobó, y él ha dicho no me voy a meterse en eso; pero después de eso se le ha escrito poniéndolo en conocimiento y eso lo convierte en cómplice por omisión porque él tiene la obligación de responde y de actuar. El funcionario público no puede quedarse en su escritorio sentando y dejar que las cosas pasen y él no sabe de eso porque como él no lo hizo y no es responsable; no el titular es él constitucional y legalmente; en consecuencia está obligada a actuar y no lo ha hecho", expuso.
Dijo que demandó a los auditores y embargo y que como retaliación ellos se procuran dos actos administrativo de la Procuraduría mediante los cuales con el informe borrador falso le ponen oposiciones a pago a 17 personas.
Agregó que lo más grave es que hacen oposiciones a pagos a sentencias obtenidas en este gobierno, que no se han pagado y que no pueden haber sido objetos de ninguna defraudación porque no se han pagado.
Precisó que lo peor es que como un acto de persecución la Procuraduría General Administrativa ese acto lo deposita en procesos que se han empezado a conocer esta semana, que es una locura total.
Al abogado y político señaló que ese borrador ha circulado por los bancos y por media isla sin que la mayoría o todos, posiblemente inocentes, hayan tenido la oportunidad de defenderse.
Dijo que no ve la firma del Controlar por lo que no le puede imputar responsabilidad por comisión aunque sí la tiene por omisión porque ha sido notificado desde el año pasado de que eso ha estado sucediendo y debió conceder por lo menos el derecho a revisión que es un derecho constitucional que desarrolla la Ley de Procedimiento Administrativo.
Manifestó que hay que ver quién lo llevó y que no cree que la Procuraduría General de la República sea cómplice.
Aseguró que en virtud de los hechos que ha sido poder constatando la Procuraduría no estaban al corriente de era un informe falso por lo que no puede imputarle eso.
Dijo que en 2021 el Unidad Antifraude elaboró con fecha del 23 de septiembre lo que llamaron un informe y que en realidad es un borrador como dice en su escrito esta semana.
Indicó que elaboraron un informe de investigación bastante mal hecho.
"Sobre bases absolutamente falsas porque establece que al Estado se le defraudó con 12,000 millones porque las propiedades no se podían transferir lo que cual es mentira en todos los casos. Todas las propiedades se pueden transferir al Estado", acotó.
Expresó que mañana si el presidente lo ordena y el Controlar General de la República hace su trabajo y solicita los expedientes, o lo hace el ministro de Hacienda, el Aeropuerto Internacional de las Américas puede transferir al Estado e igual las otras propiedades.
Precisó que en un informe "tan fallido" piden certificaciones de leyes y decreto al Archivo General de la Nación cuando todo el mundo sabe que se buscan en la Consultoría del Poder Ejecutivo.
Señaló que piden certificaciones de litis en los tribunales de Tierra cuando eso la emitir el Registro de Títulos.
Precisó que todas las premisas para establece es supuesta defraudación, que es incierta, lo hacen sobre premisas falsas que violan leyes y que se atribuyen los auditores funciones que son de carácter judicial.
Puntualizó que abogado o no sabe que las homologaciones de determinaciones de herederos son de derecho común en el Tribunal de Familia y que ellos establecen que no que tiene que ser el Tribunal de Tierra, contrario a la Ley.
Especificó que el Tribunal de Tierra sólo conoce de determinaciones de herederos cuando hay litis o particiones.
"Entonces todo lo que establece esa unidad es falso. En cuanto al fondo, el informe es total y absolutamente falso", acotó.
Dijo que llevaron el borrador al Controlar y que aparentemente lo dejó en su escritorio y no lo procesa y que eventualmente tampoco compartía las conclusiones porque no le dio curso.
Indicó que no le dio curso ahora y que no lo sabían el pasado año.
Ángel Lockward sostuvo que no obstante eso alguien engañó a la Procuraduría General de la República y que dice que la engañan porque cuando se toma un borrador y se lo lleva a la autoridad debe presumir que es correcto y que procede en consecuencia.
Señaló que el artículo 40 del reglamento de la Contraloría en base a la ley y en base a la Ley 10-07, que también lo dice la Ley 107, quien recibe los borradores de informe y los firma, convirtiéndolos en una resolución como acto administrativo firmes en el Contralor.
"Y ese informe no tiene la firma del Contralor por ninguna parte", acotó.
Expresó que en un audiencia previa se habló del tema y los abogados de la Contraloría admitieron que nunca habían hecho el oficial conforme al cual es informe se convertía en un acto administrativo firme para ir a la Procuraduría General de la República.
Manifestó que entonces el que llevó engaño a la Procuraduría y la hizo incurrir en errores.
Consideró que el Procurador no tiene que ser experto en Derecho Administrativo para saber cuando un acto es nulo si nadie se lo ha dicho.