Especialistas universitarias en Derecho Internacional denunciaron este sábado que el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro constituyen una violación grave y evidente de las normas fundamentales del Derecho Internacional.
La profesora Joana Abrisketa, de la Universidad de Deusto, explicó que la actuación estadounidense contraviene de forma directa el principio que prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y obliga a los Estados a resolver sus controversias mediante vías pacíficas. En declaraciones a EFE, sostuvo que Washington actuó al margen de las reglas básicas que rigen el orden jurídico internacional.
Abrisketa subrayó además que un jefe de Estado goza de inmunidad y no puede ser capturado ni trasladado por la fuerza a otro país para ser juzgado. “Un Estado no puede juzgar a los representantes de otro”, afirmó, independientemente de las acusaciones que existan contra el mandatario venezolano o de la legitimidad de los procesos electorales en su país.
La jurista precisó que los jefes de Estado solo pueden ser juzgados conforme a la legislación interna de su propio país, salvo en casos de crímenes internacionales extremadamente graves, lo que, a su juicio, no se aplica en esta situación ni podría demostrarse. Por ello, consideró que también se ha vulnerado la inmunidad que protege a los máximos representantes de un Estado.
En la misma línea, la catedrática Montserrat Abad, de la Universidad Carlos III de Madrid, calificó la acción de Estados Unidos como una “agresión” y una “violación flagrante” del principio de soberanía, recogido en el artículo 2, párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.
Abad recordó que este marco jurídico fue establecido tras la Segunda Guerra Mundial para limitar el comportamiento de las grandes potencias, aunque señaló que conflictos recientes, como la invasión rusa de Ucrania, han debilitado ese orden internacional. A su entender, la captura de Maduro y su esposa para ser procesados en Estados Unidos supone una clara transgresión de la soberanía venezolana.
La catedrática advirtió además sobre posibles violaciones de derechos humanos, al considerar que la acción no puede calificarse como una detención legal, sino como una captura sin respaldo jurídico internacional. “No tiene legitimidad ni cobertura legal conforme al Derecho Internacional”, afirmó.
Finalmente, Abad indicó que, más allá de los argumentos políticos o jurídicos esgrimidos, en este tipo de decisiones suelen influir intereses estratégicos, como el acceso a recursos energéticos y minerales. Ambas expertas coincidieron en que, independientemente del sistema político de un país, el Derecho Internacional prohíbe este tipo de intervenciones armadas.