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Un tribunal en España condenó este martes a 15 años de prisión a un hombre de origen colombiano por cometer abusos sexuales de forma reiterada contra su nieto, cuando el menor tenía apenas 4 años de edad.
De acuerdo con la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, los hechos ocurrieron entre 2003 y 2005 dentro del entorno familiar. El acusado, quien residía en el país y tenía antecedentes como exguerrillero y fabricante de armas en Colombia, se aprovechó de su vínculo familiar, la convivencia y su posición de autoridad para someter al niño a constantes agresiones.
El fallo también señala que el hombre, con problemas de drogadicción, utilizaba la fuerza y actuaba en momentos de aislamiento dentro de la vivienda, generando en la víctima —hoy de 27 años— una situación de total vulnerabilidad e indefensión.
Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó el pago de una indemnización de 20,000 euros por daños morales, así como 10 años de libertad vigilada una vez cumplida la condena y la prohibición de ejercer cualquier actividad relacionada con menores durante dos décadas.
La corte indicó que en 2021 otra nieta presentó una denuncia por hechos similares ocurridos en Colombia entre 1993 y 1996, aunque el caso fue archivado por prescripción. Durante el juicio, realizado a puerta cerrada en la Audiencia de La Rioja, también testificaron familiares del acusado, incluyendo hijas y una sobrina, quienes relataron abusos sufridos en su infancia.
La sentencia concluye que existía un patrón prolongado de abuso dentro del entorno familiar, caracterizado por el uso de poder y control sobre los menores, quienes no tenían posibilidad de defenderse. El tribunal basó su decisión en el testimonio de la víctima, considerado creíble, junto con declaraciones de otros familiares y un informe psicológico que confirma que padece trastorno de estrés postraumático.
El afectado explicó que no denunció los hechos hasta 2021, cuando, durante un proceso terapéutico por depresión, enfrentó el trauma vivido. Asimismo, la justicia ordenó al condenado no acercarse ni comunicarse con la víctima durante 16 años, destacando que en la familia existía un clima de silencio sostenido por el miedo que el agresor imponía.