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El exfiscal Juan Alberto Liranzo planteó en A Diario establecer un régimen de consecuencias contra el incumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional.
Se expresó al respecto sobre los problemas en la aplicación de decisiones del Tribunal Constitucional.
"El gran inconveniente siempre ha sido cómo lograr que las decisiones del Tribunal Constitucional sean acogidas por todas las instancias del Estado", acotó.
Señaló que se discute el reto de la implementación de las decisiones del Tribunal Constitucional en la República Dominicana. A menudo, las resoluciones son aplicadas de manera limitada y no se extienden a otras situaciones similares, lo que genera un vacío en la justicia.
"Este problema resalta la necesidad de un control político que garantice que las resoluciones del Tribunal sean respetadas por todos los órganos del Estado. Esto es crucial para mantener la cohesión y el respeto hacia la legalidad en diferentes contextos", sostuvo.
La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional es la 137-11.
"Para Joaquín Balaguer, era preferible mantener a la Suprema Corte de Justicia como el tribunal que dirimiera los asuntos constitucionales", dijo.
El directo de Gestión Humana del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) manifestó que Joaquín Balaguer argumentaba que había dos razones principales para favorecer la Suprema Corte de Justicia sobre la creación de un Tribunal Constitucional.
Juan Alberto Liranzo agregó que, por un lado, había un motivo presupuestario; en ese momento no había recursos para establecer un Tribunal Constitucional.
Prosiguió que por otro, Balaguer creía que la Suprema Corte proporcionaba más garantías en términos de control sobre las decisiones judiciales, a diferencia de un Tribunal Constitucional cuyo cumplimiento de decisiones podría ser cuestionable.
"Se ha escrito toda una literatura con respecto a la necesidad de que el Tribunal Constitucional y sus decisiones puedan ser aplicables por todo el mundo", apuntó.