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La ex primera ministra de Perú, Betssy Chávez, asilada desde hace semanas en la residencia de la embajada de México en Lima, fue condenada este jueves a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, encabezado por el expresidente Pedro Castillo, quien recibió la misma pena.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema declaró a Chávez coautora del delito de conspiración para rebelión, junto a Castillo y al ex primer ministro Aníbal Torres, entonces jefe del gabinete de asesores.
El tribunal emitió además una nueva orden de búsqueda y captura contra Chávez, quien continúa bajo protección diplomática mexicana, debido a que el Gobierno de transición peruano, encabezado por José Jerí, aún no ha otorgado el salvoconducto solicitado por México.
Además de la pena de prisión, Chávez fue inhabilitada por dos años para ejercer cargos públicos y deberá pagar —junto a los demás condenados— una indemnización de 12 millones de soles (unos 3.5 millones de dólares) al Estado peruano.
Según el fallo, la noche del 6 de diciembre de 2022, Castillo, Chávez y Torres se reunieron en el Palacio de Gobierno para redactar el mensaje en el que el mandatario anunció el cierre del Congreso, la intervención del Poder Judicial y un gobierno de excepción regido por decretos.
El tribunal concluyó que Chávez conocía el contenido inconstitucional del mensaje y aun así coordinó el ingreso irregular de periodistas del canal estatal TV Perú para su transmisión en vivo, ocultándoles la verdadera finalidad de la convocatoria.
Asimismo, dispuso junto a Castillo que no ingresaran más ministros al despacho presidencial, lo que evidencia —según la sentencia— su papel en la organización del intento de ruptura del orden constitucional.
Tras la transmisión, Chávez abrazó al presidente y trató de emitir un decreto que formalizaría las medidas anunciadas.
El tribunal también determinó que, tras presentar su renuncia el 7 de diciembre, Chávez intentó dirigirse a la embajada de México para solicitar asilo. Durante el trayecto ordenó al conductor cambiar de rumbo y trasladarla a su despacho en el Congreso, acción que quedó registrada como parte de su intento de fuga.
Betssy Chávez permanece asilada desde el 3 de noviembre a la espera de que las autoridades peruanas le otorguen un salvoconducto para viajar a México. La Fiscalía había solicitado inicialmente 25 años de prisión, pero la pena se redujo luego de que la ex primera ministra reconociera que no existían elementos para sostener una acusación por rebelión, admitiendo en cambio su participación en conspiración para rebelión.