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El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladesh dictó este lunes una sentencia de pena de muerte contra la ex primera ministra Sheikh Hasina, al declararla culpable de delitos de lesa humanidad vinculados a la violenta represión de las protestas estudiantiles de 2024. Aquellas manifestaciones, que dejaron cientos de muertos, precipitaron su renuncia y posterior huida a India.
El veredicto fue leído por el juez Golam Mortuza Mozumder en una audiencia transmitida por la televisión estatal. Tras anunciar la pena capital, la sala estalló en vítores de parte de los presentes. La condena se suma a una sentencia previa de cadena perpetua impuesta por otros hechos del expediente, en los que el tribunal la responsabilizó de incitar a la violencia, ordenar el uso de armas letales contra estudiantes y no impedir los abusos cometidos por fuerzas de seguridad.
En el mismo proceso también fue condenado a muerte el exministro del Interior Asaduzzaman Khan Kamal, mientras que el exinspector general de la Policía, Chowdhury Abdullah Al-Mamun, recibió una pena reducida de cinco años tras colaborar como testigo del Estado.
El tribunal determinó que Hasina tiene responsabilidad directa en el tiroteo que dejó seis manifestantes desarmados muertos el 5 de agosto de 2024 en Daca, uno de los capítulos más sangrientos del levantamiento estudiantil.
Tras esa represión, y en medio de un país convulsionado, la entonces jefa de Gobierno —en el poder desde 2009— abandonó el cargo y salió rumbo a India.
La Fiscalía sostuvo durante el juicio que existen pruebas de que ordenó el uso de fuerza letal para sofocar el movimiento de protesta que se extendió entre julio y agosto de 2024. Un informe de Naciones Unidas cifra en hasta 1.400 los fallecidos y miles los heridos en ese periodo, la peor ola de violencia registrada en Bangladesh desde la guerra de Independencia de 1971.
Desde su lugar de refugio, Hasina calificó la sentencia como “parcial” y “políticamente motivada”. Afirmó que no teme enfrentarse a los cargos “en un tribunal imparcial donde se evalúen las pruebas”.
Aunque la decisión puede ser apelada ante el Tribunal Supremo, su hijo y asesor Sajeeb Wazed adelantó que solo contemplarán ese recurso cuando haya un gobierno elegido democráticamente en el que participe la Liga Awami, formación política de la exmandataria, actualmente inhabilitada para las elecciones de febrero.
Analistas temen que el fallo pueda avivar nuevas tensiones en la antesala de los comicios.
En las horas posteriores al veredicto, el Gobierno de Bangladesh solicitó a India la extradición inmediata de Hasina y del exministro Khan Kamal.
Ambos se encuentran, según Daca, en territorio indio, donde Hasina permanece oculta desde su salida del poder.
La Cancillería bangladesí advirtió que otorgar asilo político a los condenados sería un gesto “hostil” y “una afrenta a la justicia”.
Nueva Delhi respondió con cautela: dijo haber “tomado nota del veredicto” y reafirmó su compromiso con “la paz, la democracia, la inclusión y la estabilidad” en Bangladesh, sin pronunciarse directamente sobre si accederá o no a la extradición.
El país llegó al día del veredicto en un ambiente tenso: al menos 30 explosiones de bombas caseras y 26 vehículos incendiados fueron reportados en distintas zonas del país durante las jornadas previas.
Aunque no se registraron víctimas, las autoridades reforzaron la seguridad ante el temor de disturbios tras el fallo.