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Un centenar de estudiantes de la estatal Universidad Central de Ecuador (UCE), una de las instituciones académicas públicas más importantes de ese país, marchó este miércoles desde el campus hasta la Asamblea Nacional (Parlamento) para protestar contra el déficit de inversión en educación y las políticas del presidente Daniel Noboa, especialmente contra la recién aprobada norma de Integridad Pública.
"La universidad pública está siendo afectada con una deuda de más de 712 millones de dólares desde el 2016. También se mantienen congelados los conceptos de gratuidad en 183,9 millones de dólares, lo que significa que no se invierte más allá de 310 dólares por estudiante", declaró a EFE Nery Padilla, de 29 años, y presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador (FEUE), una de las organizaciones convocantes.
Además, Padilla añadió que la Ley de Integridad Pública, recientemente aprobada a iniciativa del Gobierno del presidente Daniel Noboa, "borra el articulado que menciona la estabilidad de los servidores públicos" y pretende "achicar el Estado"; lo que, según Padilla, significa aumentar "los despidos masivos y ver la educación como un gasto en lugar de como una inversión, que es lo que realmente significa".
La Ley de Integridad Pública se aprobó en la Asamblea Nacional el pasado 24 de junio por la vía económica urgente, una estrategia recurrente del presidente Daniel Noboa para agilizar los procesos legislativos.
La norma, que pretende combatir la corrupción y mejorar la eficiencia del sector público, cuenta con multitud de detractores. Este miércoles por la mañana, la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Central de Ecuador presentó una demanda de inconstitucional frente a la Corte Constitucional, según explicó a EFE su presidenta, Jittomy Díaz.
"Las leyes aprobadas (Integridad Pública, Solidaridad Nacional, Inteligencia y Áreas Protegidas) buscan criminalizar la pobreza y la lucha social y borrar de un plumazo la estabilidad laboral de los servidores públicos y de los docentes", continuó Padilla.
Otra de las grandes demandas de los presentes en la marcha radica en denunciar que los estudiantes no son "mano de obra barata" y demandan que las "prácticas universitarias sean remuneradas".
Además, también se hizo hincapié en la escasez de plazas en los centros de educación superior públicos, porque apenas hay "170.000 cupos" para "400,000 inscritos", según datos de FEUE.