Ocho personas, incluido el exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, fueron arrestadas este fin de semana por el Ministerio Público, acusadas de integrar un presunto entramado de corrupción que habría desviado miles de millones de pesos de la aseguradora estatal.
Los detenidos son: Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, según confirmó el Ministerio Público tras ejecutar 12 allanamientos como parte de la denominada Operación Cobra.
La institución señala que se trata de una red que, presuntamente, operaba con pagos irregulares, sobornos, manipulación de estados financieros y programas creados sin sustento jurídico para justificar la salida de fondos públicos.
El Ministerio Público sostiene que el esquema fue dirigido desde la Dirección Ejecutiva del SeNaSa durante la gestión de Hazim, con apoyo de funcionarios internos y suplidores externos.
A los imputados se les atribuyen delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa al Estado, soborno, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos. En el operativo participaron 25 fiscales y más de 200 agentes policiales.
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, calificó lo ocurrido como “una agresión directa al derecho constitucional a la salud”, y advirtió que la Operación Cobra buscará no solo sanciones penales sino también el decomiso de los recursos presuntamente sustraídos.
Mientras se espera que el Ministerio Público deposite la solicitud de medida de coerción, los detenidos permanecen recluidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Hazim fue interrogado por más de cuatro horas antes de su arresto, según su abogado Miguel Valerio, quien aseguró que el exfuncionario “no tiene nada que ocultar”. Otros imputados, como el empresario Eduardo Read, alegan haber colaborado entregando más de 1,250 documentos a las autoridades.
El caso continúa en fase de investigación, y más personas físicas y jurídicas podrían ser judicializadas a medida que avancen las indagatorias.