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Este miércoles a las 2:00 de la tarde se reanudará el conocimiento de la audiencia de medida de coerción contra 10 personas vinculados a una red de corrupción administrativa compuesta por militares y civiles.
El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional recesó la audiencia debido a que, ya pasada la 1:00 de la mañana del martes, uno de los acusados presentó complicaciones de salud, según indicó el abogado Valentín Medrano, quien representa a uno de los encartados.
El Ministerio Público acusa a estos ciudadanos y militares de actuar de manera coordinada para beneficiar a ciertas empresas que brindan servicios de seguridad privada a cambio de sobornos, manipulando los procesos de contratación para asegurar la continuidad de los contratos de forma irregular.
Durante la audiencia del martes, cinco de los 10 acusados admitieron su culpabilidad. Estos son el coronel Andrés Pacheco Varela, Ramón Quezada Ortiz, Quilvio Rodríguez, propietario de la Empresa Servicio Nacional de Seguridad Privada (Senase), el teniente Wellington Peralta Santos y el gerente de seguridad de Edenorte, Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Para los cinco que aceptaron su responsabilidad en los hechos, el Ministerio Público modificó su solicitud de prisión preventiva a arresto domiciliario, mientras que mantuvo la petición de prisión preventiva contra los otros cinco encartados que no llegaron a un acuerdo.
Los acusados que no se declararon culpables incluyen al mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como a los coroneles Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez, todos del Ejército. También figura el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
El Ministerio Público ha solicitado que el caso sea catalogado como complejo, y según la acusación, los militares y civiles implicados violaron la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 340-06).
Las acciones fraudulentas perjudicaron a instituciones que atienden a poblaciones vulnerables, como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), así como a servicios básicos y estratégicos para el desarrollo social y económico, como las empresas distribuidoras de electricidad.
Además del Inaipi, los imputados afectaron al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y a las empresas distribuidoras de electricidad del Norte (EdeNorte), del Este (EdeEste) y del Sur (EdeSur).
La investigación del Ministerio Público se inició a raíz de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.