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Desde los primeros meses de gestión, el Gobierno encabezado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha atravesado una cadena de escándalos administrativos que involucran a funcionarios que levantaron la bandera del eslogan de "El Cambio" y que luego han sido protagonistas de situaciones que han sacudido a la opinión pública.
A pesar de que se acumulan denuncias, auditorías y cuestionamientos sobre incumbentes de múltiples instituciones, a quienes se ha cambiado de funciones o se ha destituido, solo tres casos han llegado a los tribunales: los expedientes de Luis Maisichell Dicent en la Lotería Nacional; Hugo Beras en el Intrant; y, más recientemente, Santiago Hazim en SeNaSa.
Los tres imputados tienen un denominador común: aun cuando fueron figuras visibles en la campaña y actores útiles en sectores estratégicos, no pertenecen a la cúpula del PRM, ni forman parte del círculo orgánico que ha acompañado históricamente al presidente Luis Abinader.
Sin embargo, en el historial sí se registra el rol fundamental para conectar a personas de áreas fuera de los sistemas políticos partidarios o de otras organizaciones políticas para reforzar y lograr resultados de triunfos electorales.
En el caso de la Lotería Nacional, Maisichell Dicent, quien fue absuelto en marzo de 2023 y cuyo descargo fue ratificado un año después, enfrentó acusaciones por un sorteo fraudulento celebrado el 01 de mayo de 2021, con un perjuicio estimado en más de 500 millones de pesos, con el bolo número 13 que se convirtió en símbolo mediático.
Dicent había renunciado del PRM, argumentado que se le había despojado de posiciones en la provincia de Monseñor Nouel y desplazado por intereses internos. Según afirmó, le retiraron en diferentes momentos una regiduría y la sindicatura de Juma Bejucal; además de una diputación.
El segundo caso en judicializarse fue el del Intrant, que afecta a Hugo Beras, un dirigente proveniente del Partido Revolucionario Dominicano, con trayectoria pública pero sin raíces profundas en el PRM.
Beras renunció a su militancia perredeísta y a su candidatura por la alcaldía del Distrito Nacional unos días antes de los comicios municipales de febrero de 2020. Luego de los resultados que dieron la victoria al PRM, ocupó la posición de secretario general del Ayuntamiento.
Desde esta casa de la municipalidad fue designado en el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre en 2022. Su salida se produjo después de la suspensión del contrato de semáforos inteligentes con la empresa TransCore Latam, lo que derivó en su licencia y en un proceso que terminó escalando al Ministerio Público.
El más reciente y considerado por diversos sectores como el más grave de la historia republicana es el entramado de corrupción atribuido a Santiago Hazim en SeNaSa. El expediente vincula un presunto esquema de sobrefacturación, lavado de activos y aprobación de prestadores irregulares, afectando de manera directa el sistema público de salud.
Hazim, sin embargo, tampoco es un dirigente orgánico del PRM; pero fue quien lideró el sector externo de la campaña, a través del movimiento OLA, canal para que se sumaran a la maquinaria personalidades de distintos sectores empresariales, sociedad civil organizada y miembros de otros partidos.
Mientras tanto, otros escándalos de alto impacto no han avanzado hacia judicialización. Entre ellos figuran:
A estos casos se suman, también en el Ministerio de la Juventud, Luz del Alba Jiménez. También siguen pendientes las investigaciones sobre presunto abultamiento de nóminas y acoso sexual en el Instituto Técnico Superior Comunitario.
Por otro lado, en el edificio del Huacalito, las anomalías del programa “Pinta tu Barrio en Navidad” durante la gestión de Propeep, en la gestión de Neney Cabrera; y en la rama del entretenimiento, el polémico reparto de 100 millones de pesos a artistas en plena pandemia por parte del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales dirigido por Francisco Antonio Peña Guaba.
A pesar de que estas situaciones han generado cuestionamientos y alarmas públicas, ninguna ha escalado a los tribunales como los casos de Dicent, Beras y Hazim.
La selección de cuáles expedientes avanzan y cuáles permanecen en el limbo alimenta especulaciones sobre el costo político interno que implicaría procesar a figuras más vinculadas al corazón del partido oficialista.
Con el expediente de SeNaSa ya en marcha —y marcado como uno de los mayores escándalos del sistema de salud— resurge la pregunta: ¿Por qué los únicos casos judicializados no tocan las venas del PRM?