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El líder del equipo de transición del próximo Gobierno colombiano, Carlos Alonso Lucio, reiteró este domingo que el presidente saliente, Gustavo Petro, “debe ser juzgado”, en el marco del proceso de empalme con la administración entrante encabezada por el presidente electo Abelardo de la Espriella. Las declaraciones fueron ofrecidas en una entrevista con la revista Cambio.
Lucio aseguró que el nuevo mandatario ha sido “absolutamente claro” respecto a la necesidad de que Petro enfrente procesos judiciales, argumentando que el cambio político en el país debe tener límites frente a la impunidad. Estas afirmaciones elevan la tensión entre el gobierno saliente y el equipo de transición.
El dirigente también señaló que el proceso de revisión de información entregada por el Ejecutivo saliente podría derivar en denuncias formales ante las autoridades competentes, en caso de detectarse presuntas irregularidades administrativas o legales.
Según explicó Carlos Alonso Lucio, el denominado “empalme anticorrupción” no tiene como objetivo una persecución política, sino el cumplimiento de la obligación legal de reportar cualquier hallazgo que pueda constituir delito durante la revisión de las entidades estatales.
El excongresista indicó que cualquier funcionario público está obligado a denunciar hechos irregulares que detecte en el ejercicio de sus funciones, por lo que el equipo de transición pondrá en conocimiento de las autoridades cualquier posible anomalía encontrada en el proceso.
Lucio también mencionó una denuncia previa presentada por él ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, relacionada con el caso de los llamados pozos de Caquetá, vinculado a la actuación del Gobierno durante el secuestro de policías por disidencias de las FARC en 2023.
El dirigente, quien militó en el M-19 junto a Gustavo Petro antes de su desmovilización, afirmó que posteriormente adoptó una postura política distinta que lo ha llevado a ser aliado del actual presidente electo. También defendió la estrategia de transición denominada “Arca de Noé”, diseñada meses antes de las elecciones ante posibles dificultades de coordinación con el gobierno saliente.
Asimismo, cuestionó el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la que calificó como un sistema ineficiente y de alto costo, y aseguró que el nuevo gobierno contará con un conjunto de proyectos normativos preparados para ser implementados desde el inicio de su gestión.
Las declaraciones reflejan un escenario de alta confrontación política en Colombia, marcado por el inicio del proceso de transición y las tensiones entre ambas administraciones.