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El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Vega dictó auto de apertura a juicio contra tres personas acusadas de actuar como testaferros en la red de lavado de activos proveniente del narcotráfico que presuntamente encabezaba Miguel Arturo (Micky) López Florencio.
La jueza Wendy de Jesús Mueses acogió en su totalidad la acusación presentada por el Ministerio Público y validó todas las pruebas contra Manuel Antonio Inoa Valdez, María Altagracia Cepeda Suárez y la empresa fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL.
Los imputados figuraban como socios de Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL, empresa que posee al menos 20 propiedades inmobiliarias, entre ellas la mansión donde reside López Florencio. La investigación reveló que los bienes no pueden ser justificados por los acusados, quienes reportaban oficios de chofer (Inoa Valdez) y ama de casa (Cepeda Suárez).
Según el expediente, estos inmuebles están valorados en RD$183,386,000, pese a que los acusados no poseen fuentes de ingresos que respalden tales adquisiciones.
Además, entre 2015 y 2019, la empresa movió fondos por RD$250,712,602.66 en ingresos, alcanzando un total financiero de RD$434,098,604.65, cifras consideradas incompatibles con su perfil económico y profesional.
Los acusados forman parte de una red criminal que operaba con testaferros y prestanombres, liderada por Micky López y su esposa Rosa Amalia Pilarte López, quien ya fue condenada por la Suprema Corte de Justicia por lavado de activos.
Tanto Inoa Valdez como Cepeda Suárez son cuñados de Pilarte López, fortaleciendo así el entramado familiar vinculado a la estructura delictiva.
El equipo del Ministerio Público, conformado por la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera (de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo), la fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, el fiscal investigador Claudio Cordero Jiménez y el litigante Hitler Sánchez, explicó que las conductas atribuidas a los acusados violan los artículos 2, 3, 6 y 9 de la Ley 155-17 sobre lavado de activos.
También se les imputa violación a la Ley 83-02, que rige el Código Monetario y Financiero, y a la Ley 11-92, correspondiente al Código Tributario de la República Dominicana.
Este juicio marcará un nuevo paso en el proceso judicial contra una de las redes de lavado de activos más notorias del país, con un enfoque firme del Ministerio Público en desmantelar las estructuras económicas que sustentan el crimen organizado.