La denuncia realizada en junio por la Fuerza del Pueblo sobre un supuesto colapso financiero del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) terminó abriendo una caja de Pandora. A partir de esa advertencia inicial, se fueron desmadejando los hilos, que bien tejidos habían tejido el manto que cubría la sustracción sistemática de recursos de la institución.
Como diría un amigo de RCC Noticias, el caso de Senasa es un "entramado que solo Dios nuestro Señor", sabe cuántas artimañas se pudieron usar para adueñarse del dinero de la población, que a través de la ARS buscaban acceder a servicios de salud.
Las primeras alertas llegaron desde el partido de oposición Fuerza del Pueblo, que a través de su secretaría de Seguridad Social y de Salud, denunció que la ARS estaba en "banca rota", a raíz de haber recibido denuncias de profesionales de la salud de retrasos en los pagos.
En ese mismo orden, usuarios reportaban negación de servicios en clínicas, hospitales y farmacias. Con esos elementos, la oposición advirtió que SeNaSa operaba en una situación crítica, señalamiento que el Gobierno negó públicamente.
Lo que se vislumbró en ese momento como un hilito al aire, que la oposición calificaba como un incremento desproporcionado de afiliados al régimen subsidiado en más de un 248 % y, que el Gobierno defendía como una medida necesaria de apoyo a la gente vulnerable.
Con otro matiz, salió un nuevo elemento pasadas varias semanas, los contratos con la empresa dispensadora de medicamentos Farmacard, que fueron anulados por la Dirección General de Contrataciones Públicas por considerarlos irregulares, para este momento se iniciaban revisiones internas sobre acuerdos con suplidores y prestadores de servicios.
Farmacard defendió sus funciones argumentando eficiencia y control de gastos, implementando controles como tokens de seguridad y suspensiones de delivery irregular.
Como si de un trompo, que bien "enredao es que baila", en septiembre, se reveló la existencia de un call center que operaba de manera paralela, supuestamente organizados por exempleados y personas allegadas a la institución, desde donde se habrían falsificado expedientes de servicios médicos nunca realizados.
Según las investigaciones preliminares, ese esquema habría drenado más de 40 millones de pesos al sistema.
Ese mismo mes, septiembre, también surgieron denuncias de sobornos a contratistas y suplidores.
También surgieron de manera escalonada la suspensión de contratos con clínicas privadas entre septiembre y octubre, señaladas como posibles vías de desvío de recursos.
El doctor Santiago Hazim fue destituido como director de Senasa, por el presidente de la República en el mes de agosto; sin embargo, las investigaciones siguieron su curso con datos que llegaron desde la Cámara de Cuentas, programas de investigación periodística y de partidos opositores.
Hazim, junto a otros 7 implicados, fueron apresados por las autoridades el pasado sábado 06 de diciembre, acusados de múltiples actos de corrupción que buscaban sustraer las "Reservas Técnicas de Senasa, que no es más que, bajo la realización de múltiples hechos, apoderarse de los recursos estatales bajo la administración de esa dependencia.
Aunque todavía los medios de comunicación no conocen el expediente de acusación contra los implicados, de acuerdo con una nota de prensa emitida por el Ministerio Público, Hazim es señalado como la figura que habría “instalado un esquema de corrupción sistemático”, con la participación de otros funcionarios de SeNaSa y prestadores de servicios de salud.
Lo que comenzó como una denuncia política por retrasos y negación de servicios terminó revelando una estructura compleja de corrupción, integrada por múltiples casos y mecanismos, que ahora es objeto de investigación judicial.