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Santo Domingo.– A partir de este miércoles entra en vigencia la nueva Ley de Contrataciones Públicas, que endurece el régimen de consecuencias contra la corrupción en las compras del Estado y establece penas de prisión de hasta 10 años para funcionarios, legisladores y contratistas que incurran en prácticas ilícitas.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, afirmó que la nueva ley permitirá un sistema de compras más moderno, transparente y eficiente, con consecuencias reales.
El funcionario destacó que la prohibición absoluta de que servidores públicos negocien con el Estado, sumada a penas de hasta diez años de prisión en casos de soborno o tráfico de influencias, coloca al país a la altura de los estándares internacionales en materia de prevención de la corrupción.
Desde la sociedad civil destacan que las compras públicas han sido usadas para defraudar al Estado y valoran la nueva ley como un freno necesario, que solo será eficaz si se aplican plenamente las sanciones, incluida la prisión para quienes se lucren con fondos públicos.
En el Congreso, algunos legisladores defendieron la ley como un bloqueo a empresas ficticias y conflictos de interés, mientras otros cuestionan su efectividad y la ven como un intento repetitivo frente a la corrupción.