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Encapuchados incendian más de 50 vehículos en central hidroeléctrica, Chile

La empresa Rucalhue condenó el ataque y evalúa los daños. El presidente Boric prometió perseguir a los responsables. El ataque ocurre en un contexto de conflictos territoriales en el sur de Chile.

Lisbeth Báez
Lisbeth Báez
20 abril, 2025 - 8:15 PM
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Incendio.
Ataque incendiario
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Un grupo de encapuchados incendió alrededor de 50 vehículos en la madrugada de este domingo en la central hidroeléctrica Rucalhue, ubicada en Quilaco, en la región del Biobío, al sur de Chile. El ataque resultó en al menos dos guardias de seguridad heridos y causó cuantiosos daños materiales.

Según informó el general Renzo Miccono, jefe de zona de Carabineros del Biobío, los atacantes portaban armas de fuego y amenazaron al personal de seguridad antes de incendiar aproximadamente 45 camionetas y cinco máquinas en el recinto.

La empresa Rucalhue Energía, operadora del proyecto, condenó el atentado mediante un comunicado, en el que afirmó estar evaluando los daños y recalcó que el proyecto cumple con todas las normativas ambientales, sociales y técnicas exigidas por el Estado. También advirtió que el ataque representa una amenaza no solo a la infraestructura, sino también a los trabajadores y comunidades vecinas.

El presidente chileno, Gabriel Boric, expresó su rechazo al atentado: “El atentado en la central Rucalhue en Alto Biobío merece toda nuestra condena… Perseguiremos y encontraremos a los responsables”.

La región del Biobío, junto con La Araucanía y otras zonas del sur de Chile, ha sido escenario durante décadas de un conflicto territorial entre comunidades mapuche, el Estado y empresas privadas. Muchas comunidades indígenas reclaman tierras ancestrales que han sido ocupadas por empresas forestales desde la llamada "Pacificación de La Araucanía" en el siglo XIX.

Estos conflictos han resultado en ataques incendiarios, enfrentamientos y muertes de comuneros mapuche y fuerzas de seguridad. Desde 2022, en la zona rige un estado de excepción constitucional que permite el despliegue de militares para apoyar las labores de control del orden público.

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