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El titular de la Asamblea Nacional de Nicaragua, el sandinista Gustavo Porras, anunció este lunes que la polémica reforma a la Constitución Política, que transforma el Estado nicaragüense y otorga un poder total al presidente Daniel Ortega, será aprobada en su totalidad durante el mes de enero.
Indicó que hoy, martes iniciarían, "el proceso de discusión y aprobación en segunda legislatura de la reforma a la Constitución Política”.
En el pleno, Porras explicó que el proceso de aprobación de esas enmiendas se irá “haciendo en forma paulatina” y que el objetivo “es tener aprobada la reforma en segunda legislatura antes que finalice el mes de enero”.
Según sus declaraciones iniciarán un proceso en el cual combinarán la aprobación de artículos de la Constitución con otras iniciativas legislativas.
Anunció que este martes discutirán y aprobarán “el artículo primero y el artículo segundo de la ley de reforma, que corresponde al preámbulo y a los principios fundamentales, y así sucesivamente cada uno de los días, hasta finalizar antes del último día de enero”.
El Parlamento de Nicaragua, que está controlado por los sandinistas, tiene previsto comenzar a discutir este martes en segunda y definitiva legislatura, enmiendas a la Constitución Política, la que transforma el Estado al denominarlo “revolucionario”, además otorga un poder total a Ortega sobre los demás poderes del Estado.
Los legisladores, que aprobaron esas enmiendas en primera votación de forma expedita en noviembre pasado, reformaron 148 de los 198 artículos de la Carta Magna de Nicaragua y derogaron otros 37, incluido el que se prohibía la práctica de la tortura, el recurso de Habeas Corpus, y la seguridad jurídica de la propiedad.
Por su lado, una coalición de opositores criticó este lunes que se apruebe esa reforma constitucional, bajo el argumento de que “constituye la imposición de una nueva Constitución Política que elimina el Estado de derecho, anula los derechos fundamentales y consuma la muerte de la República de Nicaragua”.
“Con esta reforma espuria, ilegal y aprobada de forma arbitraria terminan por implementar lo que de facto ya hacían: un control absoluto del sistema electoral, consolidando un sistema de partido único que impone sus símbolos partidarios como nacionales”, reprochó esa agrupación de opositores, entre ellos la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE).
“Esta reforma extingue cualquier vestigio de institucionalidad previa, reemplazando los cimientos del Estado con un régimen autoritario y totalitario que concentra todo el poder en el Ejecutivo eliminando la separación de poderes y subordinando al Estado a los intereses de una sola familia”, advirtió.