El Tribunal de Milán (norte de Italia) anuló la transcripción de la partida de nacimiento del hijo de una pareja de dos padres nacido por gestación subrogada, una decisión que llega en medio de las críticas de las asociaciones LGBT a las últimas medidas judiciales, que achacan a la política del Gobierno que preside la utraderechista Giorgia Meloni.
La Corte, sin embargo, rechazó los recursos de la Fiscalía milanesa sobre los hijos de tres parejas de mujeres, pues aseguró que se requiere otro procedimiento dirigido “a eliminar la condición de hijo”, una cuestión formal que, en cualquier caso, ha sido acogida con alivio por estas familias, según los medios locales.
La decisión de Tribunal se produce en medio de las tensiones generadas por la reciente orden del Gobierno de Meloni de bloquear las inscripciones en el registro civil de los niños de parejas homosexuales nacidos en el extranjero, después de que varios alcaldes progresistas se hubieran aprovechado de un vacío legal para hacerlo durante años.
Los jueces de la Corte civil milanesa han acogido la tesis e la fiscalía sobre la pareja masculina porque la inscripción, el registro” infringía la ley vigente que, prohibiendo el recurso a la maternidad subrogada, prohíbe también la transcripción de la partida de nacimiento en la parte en la que menciona también al progenitor intencional”, según el Tribunal.
La gestación subrogada es ilegal en Italia y algunos exponentes del partido ultra de Meloni, Hermanos de Italia, han llegado a definir esta práctica como “un delito más grave que la pederastia”.
Los jueces añaden que “el derecho del niño al pleno reconocimiento del papel desempeñado por el progenitor intencional” en el “proyecto dirigido a su crecimiento, educación e instrucción puede ser reconocido mediante el procedimiento de adopción en casos especiales”.
En los tres casos de hijos de las parejas femeninas, nacidos en el extranjero mediante procreación asistida, los jueces han dictaminado que para solicitar la nulidad de la transcripciones no se puede usar el mismo “procedimiento” alegado por los fiscales, “sino que es necesario instituir una verdadera acción dirigida a eliminar la condición de hijo”.
Eso “confirma lo que nosotros venimos sosteniendo desde hace tiempo: la paternidad de un menor, según los principios de nuestro ordenamiento jurídico, no se puede cancelar con un golpe de esponja como pretende el Gobierno y como pretenden algunos fiscales, sino que es necesaria una actuación estatal que tenga unos términos y modalidades muy estrictos”, dijo el abogado Michele Giarratano.