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La empresa norteamericana Sargeant Petroleum, LLC, entidad la cual fue durante años la principal suplidora de asfalto al país y recientemente afectada por una decisión del presidente Donald Trump, revocando licencias comerciales a compañías que operaban en Venezuela, mantiene un diferendo legal con la República Dominicana.
Vinculada al empresario Harry Sargeant III, Sargeant Petroleum enfrenta un proceso de arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), reclamando más de 88 millones de dólares por la terminación anticipada de un contrato de suministro de asfalto con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
El conflicto se originó en noviembre de 2020, cuando el Gobierno dominicano decidió no renovar el acuerdo establecido en 2003 y renovado en 2013, optando por adquirir asfalto a través de Refidomsa. Según la empresa demandante, esta decisión constituyó una expropiación indirecta de sus inversiones, en violación del tratado DR-Cafta.
El Arbitraje ante el Ciadi
En respuesta al conflicto, Sargeant Petroleum inició el arbitraje ante el Ciadi en mayo de 2022. El tribunal, con sede en Londres, fue formalmente constituido en octubre de ese mismo año. Paralelamente, la República Dominicana presentó una contrademanda ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), solicitando la nulidad del contrato y reclamando más de 177 millones de dólares. Sin embargo, en diciembre de 2024, el TSA se declaró incompetente para conocer el caso, remitiendo el litigio a la vía arbitral.
La situación adquirió una nueva dimensión internacional tras la decisión de la administración Trump en marzo de 2025, que revocó las licencias otorgadas a empresas estadounidenses para operar en Venezuela, incluyendo a Global Oil Terminals, asociada a Sargeant Petroleum. La firma había obtenido en mayo de 2024 una autorización especial para importar asfalto desde Venezuela hacia Estados Unidos y el Caribe, pero se vio obligada a cesar estas operaciones tras la nueva medida.
Este doble frente legal —uno en la República Dominicana y otro derivado de las recientes dinámicas geopolíticas estadounidenses— coloca a Sargeant Petroleum en el centro de una disputa que podría tener implicaciones económicas, diplomáticas y reputacionales para el país. El arbitraje continúa en curso en el Ciadi.