El debate sobre la Modernización Fiscal en la República Dominicana ha tomado un nuevo giro tras las recientes declaraciones del economista Magín Díaz, quien adelantó que el proyecto de ley contempla la eliminación de los llamados "impuestos anacrónicos", aquellos gravámenes obsoletos cuya recaudación resulta más costosa para el Estado que el beneficio percibido.
Se definen como tributos "fuera de época". Son leyes creadas hace décadas para gravar productos o servicios que hoy son comunes o insignificantes, como sellos de escaso valor, impuestos a los fósforos o a los naipes. Según las autoridades, estos impuestos complican la burocracia y no representan un ingreso significativo para el Tesoro Nacional.
Para diversos sectores productivos, esta limpieza del sistema tributario es una oportunidad de oro para eliminar distorsiones que frenan el crecimiento. El economista Euri Cabral ha sido enfático al calificar ciertos impuestos actuales como "un verdadero atraso".
Cabral señala que el Anticipo representa un "abuso contra la producción", castigando especialmente a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) al cobrar sobre beneficios no percibidos. Asimismo, criticó duramente el impuesto del 0.15% a las transferencias electrónicas, calificándolo de "barbaridad" en una era que busca la digitalización financiera.
Sin embargo, no todo es optimismo. Expertos advierten que el Estado deberá compensar el dinero que deje de percibir por estas eliminaciones. José del Castillo, exministro de Industria y Comercio, advirtió sobre los "reajustes fuertes" que acompañarían esta reforma.
Según Del Castillo, la otra cara de la moneda incluye un incremento en la tarifa eléctrica, la reducción de los subsidios a los combustibles (lo que impactaría directamente en los precios de la gasolina y el gasoil) y una mayor presión sobre el Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI).
Mientras el Gobierno termina de dar forma al proyecto de ley para su sometimiento al Congreso Nacional, la ciudadanía observa con cautela. La promesa de un sistema más ágil y moderno se enfrenta al temor de un aumento en el costo de los servicios básicos.
Por ahora, el sector empresarial y las familias dominicanas permanecen a la espera del documento oficial para determinar, finalmente, si el balance de esta reforma será un alivio al bolsillo o simplemente una redistribución de la carga tributaria.