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El ingeniero Elías Cornelio, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), planteó la necesidad de una revisión profunda de la ejecución presupuestaria del Estado, a raíz del escándalo de presunto fraude en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), al advertir que el caso evidencia fallas estructurales en los sistemas de control gubernamental.
Durante una intervención telefónica en el programa El Sol de la Mañana, Cornelio sostuvo que en SeNaSa “fallaron todos los controles”, incluyendo los bancarios, la supervisión de contratos, la Contraloría, las nóminas y los mecanismos de pago, lo que a su juicio abre la interrogante de cuántas otras instituciones públicas podrían estar en una situación similar sin haber sido detectadas.
El dirigente peledeísta explicó que la propuesta, ya presentada al Gobierno, consiste en una auditoría exhaustiva de la ejecución presupuestaria correspondiente al año en curso, con énfasis en los contratos de alto monto firmados con suplidores del Estado.
Detalló que la revisión debe abarcar también los contratos de servicios, incluyendo asesorías, tercerizaciones y suplencias técnicas, así como los fideicomisos suscritos por instituciones públicas y las donaciones realizadas a terceros.
Cornelio insistió en que el análisis no debe limitarse a la legalidad de los procesos, sino incluir criterios de razonabilidad económica, pertinencia técnica y alineación con el interés público.
Como ejemplo, criticó que múltiples instituciones del Estado continúen contratando asesorías externas en áreas como tecnología y asuntos legales, pese a contar con departamentos internos especializados, lo que calificó como una práctica que debe ser revisada y explicada al país.
Afirmó que la desconfianza ciudadana en el sistema de control estatal es profunda, debido a que el caso SeNaSa no se habría gestado en un solo año, sino durante un período prolongado de cinco o seis años.
Al referirse a la propuesta del Gobierno de crear un consejo de vigilancia adicional en SeNaSa, Cornelio advirtió que esto podría burocratizar aún más la institución, recordando que ya existe un consejo establecido por ley que debió cumplir esa función.
Finalmente, señaló que existen otras entidades del Estado, incluyendo fideicomisos y empresas públicas con regímenes especiales, que escapan a la Ley de Compras y Contrataciones y que también deberían ser objeto de revisión, al tiempo que cuestionó el rol desempeñado por organismos supervisores como la Sisalril en la fiscalización financiera del sistema de salud.