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La jueza Altagracia Ramírez acogió una solicitud presentada durante el proceso judicial y ordenó la entrega inmediata del expediente al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para que se realice una evaluación médica a uno de los imputados. Tras la decisión, la audiencia fue recesada por segunda vez en la semana y quedó fijada para el jueves 18 de diciembre.
Con la disposición del tribunal, el Inacif deberá practicar los estudios médicos correspondientes y remitir sus conclusiones al órgano judicial, a fin de que estas sean valoradas dentro del proceso. La jueza consideró necesario agotar este paso antes de continuar con el conocimiento de las incidencias del caso.
El receso se suma a otros aplazamientos registrados durante la semana, mientras se completan diligencias vinculadas a solicitudes de las partes y a la situación particular de algunos imputados.
El proceso judicial involucra a decenas de personas acusadas de integrar un entramado que habría provocado un desfalco superior a los RD$19,000 millones al Estado dominicano. De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos incluyen pagos irregulares por expropiaciones, sobornos y financiamiento ilícito de campañas políticas.
La acusación fue presentada contra 46 personas físicas y jurídicas, a quienes se les atribuyen delitos como asociación de malhechores, desfalco, falsificación de documentos, soborno y lavado de activos. El órgano acusador sostiene que el esquema operó durante varios años y generó un grave perjuicio a las finanzas públicas.
Entre los acusados figuran Ángel Lockward; Luis Miguel Piccirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar; Roberto Santiago Moquete Ortiz; Aldo Antonio Gerbasi Fernández; Julián Omar Fernández Figueroa; Claudio Silver Peña; Alejandro Constanzo Sosa; Marcial Reyes, así como los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, entre otros.
Con el expediente en manos del Inacif, el tribunal espera contar con el informe médico antes de retomar el conocimiento del caso. La audiencia fue reprogramada para el 18 de diciembre, fecha en la que se prevé continuar con las incidencias pendientes dentro de uno de los procesos de presunta corrupción de mayor volumen económico conocidos en los tribunales.