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El Tribunal Supremo de Estados Unidos inició este miércoles las audiencias para determinar la legalidad de la política arancelaria implementada por el expresidente Donald Trump, en medio de un pulso judicial que enfrenta al Gobierno federal con varios estados demócratas y empresas privadas que cuestionan la constitucionalidad de dichas medidas.
El alto tribunal, de mayoría conservadora, deberá definir hasta qué punto el mandatario puede ejercer autoridad en materia comercial y cuáles son los límites de su poder presidencial, un fallo que podría tener implicaciones tanto para la economía nacional como para el comercio internacional.
El debate gira en torno a la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA), la cual otorga al presidente la facultad de actuar ante amenazas declaradas como “emergencias nacionales”. Los jueces examinan si Trump actuó dentro de ese marco legal cuando impuso una serie de aranceles globales en abril, o si, como argumentan los demandantes, excedió sus atribuciones.
Durante la audiencia, el presidente del Supremo, John Roberts, expresó dudas sobre la base legal que sustentó la decisión del exmandatario. En contraste, la defensa citó precedentes en los que expresidentes como Jimmy Carter y Richard Nixon aplicaron medidas similares, aunque los magistrados manifestaron reservas sobre la comparación de los casos.
La demanda fue presentada por un grupo de fiscales generales de 12 estados demócratas y por diversas empresas representadas por el abogado Neal Katyal.
Aunque Trump no asistió a la sesión, aseguró en su red social Truth Social que el fallo del Supremo es una cuestión de “vida o muerte” para el futuro económico del país. En su representación acudió el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien defendió la política arancelaria alegando que responde a una emergencia económica que atraviesa Estados Unidos.