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La cifra de personas fallecidas en cárceles de El Salvador bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 ascendió al menos a 537, de acuerdo con datos difundidos este miércoles por la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH).
La entidad, creada en el contexto de esta medida, afirmó en la red social X que la situación constituye una “crisis humanitaria imparable”, señalando que durante 52 meses de vigencia del régimen al menos 537 personas han muerto bajo custodia del Estado sin haber sido juzgadas.
El organismo denunció además que alrededor del 94 % de los fallecidos no presentaban perfiles vinculados a pandillas, y que sus muertes se han producido en un escenario marcado por la impunidad y la falta de transparencia.
Asimismo, advirtió que la cifra real podría ser mucho mayor, posiblemente superior al millar, debido a la presunta falta de acceso a información y a un supuesto ocultamiento de datos en procesos judiciales masivos. En ese sentido, la organización llamó a la sociedad civil a no guardar silencio ante lo que considera posibles violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Según reportes previos de SJH, las muertes se concentran en centros penitenciarios que albergan a la mayoría de los más de 92,000 detenidos bajo el régimen de excepción, muchos de los cuales no cuentan con condena. Entre estos recintos figura el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot), del cual se maneja poca información pública.
Un informe del organismo señala que la violencia física representa cerca del 32 % de las muertes registradas, mientras que un 31.8 % correspondería a fallecimientos violentos y un 31.6 % a falta de atención médica por enfermedades, según testimonios de familiares debido al carácter reservado de la información oficial.
El régimen de excepción fue instaurado en marzo de 2022 tras un repunte de violencia atribuida a pandillas que dejó más de 80 muertos en un fin de semana. El presidente Nayib Bukele ha defendido su continuidad, con respaldo de la Asamblea Legislativa, argumentando su eficacia en el combate a la criminalidad.
No obstante, organizaciones de derechos humanos han registrado miles de denuncias por presuntas violaciones, principalmente detenciones arbitrarias y abusos atribuidos a fuerzas de seguridad del Estado.