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El Ministerio Público ha incorporado más de 1,000 pruebas en el juicio que se sigue contra los acusados de integrar una red de corrupción que, según la acusación, habría estafado al Estado dominicano por más de 4,500 millones de pesos.
Durante la audiencia celebrada este martes, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, detalló que se han aportado 721 pruebas documentales, 52 periciales, 21 materiales y 223 testimoniales, para un total de 1,017 pruebas ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Una de las peritas convocadas ratificó que varios de los principales imputados, entre ellos el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, el general de brigada Julio Camilo de los Santos Viola y el teniente coronel Franklin Antonio Mata Flores, presentaban un incremento patrimonial que no se corresponde con sus ingresos declarados.
El tribunal recesó la audiencia hasta el martes 24 de junio, a las 9:00 de la mañana, cuando continuará la presentación de testigos.
Contexto del caso
La red fue desmantelada en el marco de las operaciones Coral y Coral 5G, desarrolladas entre 2021 y 2022. Según la acusación, el grupo operó entre 2012 y 2020 y estaba conformado por 30 personas físicas y 18 empresas.
El Ministerio Público señala como principal acusado al mayor general Adán Cáceres, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), acusado de liderar la estructura junto a otros altos mandos militares y policiales. Se les atribuye la sustracción de fondos públicos, incluyendo partidas asignadas a labores de inteligencia del CUSEP y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR).
Además de Cáceres, están imputados el general Juan Carlos Torres Robiou (FARD), el coronel Rafael Núñez de Aza, el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, y el sargento Alejandro José Montero Cruz. También figuran Rossy Guzmán Sánchez (conocida como “la Pastora”) y su hijo, el cabo Tanner Antonio Flete Guzmán, junto a otros coacusados civiles y militares.