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El gobierno de Javier Milei y sus aliados legislativos intentarán avanzar este martes en el Congreso argentino con una reforma del Régimen Penal Juvenil que propone, entre otros cambios, bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El objetivo es alcanzar consensos en un plenario de comisiones que permita emitir un dictamen y habilitar su debate en el recinto.
La propuesta, impulsada principalmente por fuerzas alineadas con el oficialismo, será discutida por las comisiones de Legislación Penal, Familias y Juventudes, Presupuesto y Justicia. En total, se analizarán 14 proyectos que apuntan a reemplazar una normativa vigente desde 1980, instaurada durante la última dictadura militar.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la creación de un sistema integral para el abordaje de delitos cometidos por adolescentes. Aunque la propuesta original del Ejecutivo planteaba fijar la edad mínima de punibilidad en 13 años, el nuevo texto buscaría consenso en torno a los 14 años. El propio Milei ha defendido públicamente esta postura, sosteniendo que “delitos de adultos merecen penas de adultos”.
Además de la edad de imputabilidad, el plenario abordará otros puntos sensibles, como las penas máximas para menores —que podrían ir de 10 a 20 años—, sanciones alternativas a la prisión, y criterios para evitar que los adolescentes condenados cumplan condenas en cárceles comunes. También se contemplan medidas como prisión domiciliaria o internamientos en centros especializados.
Por otro lado, desde la Iglesia Católica, el obispo Dante Braida, presidente de la Comisión de Pastoral Social, manifestó su rechazo este domingo: “Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”, advirtió en una entrevista con medios locales.