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La administración actual tiene como fecha tope este 10 de febrero para entregar ante la Asamblea Legislativa una propuesta que busca modificar el sistema actual.
El gobierno de El Salvador enfrenta el plazo límite este 10 de febrero para presentar ante la Asamblea Legislativa la propuesta de reforma al sistema de pensiones, uno de los temas más sensibles para la administración de Nayib Bukele para la economía del país.
La fecha fue establecida como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para el financiamiento por $1,400 millones.
La reforma de pensiones ha generado expectativas y preocupación entre los trabajadores, expertos y organismos internacionales, ya que podría cambiar las edades de jubilación y los años de cotizaciones, entre otros aspectos clave del actual sistema previsional.
Actualmente, la edad de retiro para las mujeres es a los 55 años y de los hombres a los 60 años, mientras que el período laboral para jubilarse es de 25 años.
El actual sistema, administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), ha sido blanco de críticas por los bajos montos de las jubilaciones y la insostenibilidad a largo plazo. Ante ello, el gobierno se comprometió a presentar un modelo renovado que mejore las condiciones de retiro y garantice la sostenibilidad financiera, con el acompañamiento del FMI.
Hasta diciembre de 2025, el saldo de la deuda estatal con los fondos de pensiones privados en El Salvador superó los 11,241 millones de dólares, según los últimos datos disponibles del Banco Central de Reserva (BCR) con base en información del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).
El informe del BCR indica que la deuda nacional con los fondos de pensiones aumentó el año pasado, pues en 2024 cerró en 10,525.9 millones de dólares, es decir que tuvo un crecimiento del 6.8 % en un año.
El debate en el país sobre el nuevo modelo de pensiones ha incluido propuestas públicas de diferentes sectores, pero será de esperar cuál será el proyecto de ley que presente el Ejecutivo.
El informe, elaborado por la Superintendencia del Sistema Financiero y el FMI, advierte que el país arrastra un déficit actuarial neto estimado en el 59% del Producto Interno Bruto (PIB) para el período 2024-2070, poniendo en duda la sostenibilidad del esquema actual.
Además reveló que el 57% de los pensionados recibe la pensión mínima, lo que refleja la insuficiencia de los ahorros acumulados y la baja frecuencia de cotizaciones.
Por lo que, entre los temas que se esperan abordar en la reforma destacan el monto de las pensiones mínimas, la edad de jubilación y la participación del Estado en el financiamiento.
También está en el tintero el agotamiento de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), fondo colectivo que cubre a quienes terminan sus ahorros individuales, se prevé para 2026, lo que podría dejar a miles de jubilados dependiendo exclusivamente del respaldo estatal.
El FMI ha advertido sobre los riesgos fiscales que enfrenta El Salvador si no se realiza una reforma integral del sistema, por lo que este 10 de febrero marca el inicio de una etapa decisiva para el futuro de las pensiones en el país, en un contexto de fuerte expectativa social y política.