El miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo (FP), César Fernández, cuestionó la calidad y los procesos de supervisión de las obras de infraestructura que ejecuta el Gobierno, tomando como ejemplo los recientes daños registrados en la circunvalación de Baní.
Según explicó en el programa “El Rumbo de la Mañana”, la situación refleja una deficiente planificación y una supervisión compartida entre el Ministerio de Obras Públicas y las empresas contratistas.
Fernández sostuvo que, durante los últimos cinco años, la inversión en infraestructura ha sido la más baja de las últimas dos décadas.
“Se está invirtiendo apenas entre un 1.5 y un 2.5 % del PIB, cuando en los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina se invertía alrededor del 4 %”, afirmó. En su opinión, esa reducción ha limitado la capacidad del Estado para dinamizar la economía y generar empleo en el sector construcción.
El dirigente político consideró que la baja inversión ha llevado al Gobierno a acelerar la inauguración de proyectos inconclusos o sin las pruebas técnicas correspondientes. “El Gobierno, tratando de mostrar algo, acelera el proceso de las obras. La circunvalación de Azua se entregó sin peajes, y la de Baní fue inaugurada sin que se completaran todos los trabajos”, señaló.
Fernández calificó como “grave” la situación de la circunvalación de Baní, recordando que se trata de una vía de alto tránsito donde se pone en riesgo la vida de miles de ciudadanos.
Agregó durante su entrevista en El Rumbo de la Mañana que el costo del proyecto también genera preocupación, al haber pasado de 5,500 millones de pesos a más de 7,700 millones.
“Se incrementó en un 48 % y, aun así, la obra no se ha cerrado ni se ha concluido. Las fallas que se han detectado responden a problemas de drenaje, compactación y terminación”, apuntó.
Sobre la responsabilidad del caso, el dirigente de la FP, profesional de ingeniería indicó que se trata de una situación compartida entre el Estado y las empresas constructoras.
“Si tú pides un delivery y no te llega completo, la tienda tiene parte de la culpa, pero tú también, porque lo recibiste. Así mismo pasa con las obras públicas: el contratista construye, pero el Estado debe revisar y aprobar cada detalle antes de pagar”, ejemplificó.
El dirigente explicó que este tipo de proyectos cuentan con doble supervisión: una externa, contratada por el Gobierno, y otra interna, a cargo del propio Ministerio de Obras Públicas. “Hasta que la supervisión no confirma que algo está hecho correctamente, no se puede pagar. Aquí fallaron ambas supervisiones”, sostuvo.
Fernández precisó que la obra fue iniciada por la empresa Ecocisa, de Santiago, y posteriormente continuada por Ingeniería Estrella, a la que se le adjudicó una segunda licitación para la construcción de más de 20 puentes.
No obstante, subrayó que los costos de reparación no deben recaer sobre el Estado. “Toda obra contratada debe contar con una póliza de vicios ocultos equivalente al 10 % del valor total y con vigencia de un año. Es decir, al Estado no debería costarle un solo centavo corregir esos errores”, concluyó.