El Estado dominicano, junto a las distribuidoras de electricidad EDESUR, EDENORTE y EDEESTE, ha presentado una querella penal en la que reclama una indemnización de RD$50 mil millones contra exfuncionarios y empresarios acusados de formar un entramado de corrupción en el sector eléctrico mediante contratos fraudulentos y sobrevalorados.
- La querella fue depositada ante el Ministerio Público y está firmada por el licenciado Andrés Astacio Polanco, quien representa al Estado. Los principales acusados son Jerges Rubén Jiménez Bichara, Luis Ernesto de León Núñez, Rubén Montás Domínguez, Radhamés del Carmen Mariñez y Julio César Correa, junto a los empresarios Maxy y Gerardo Montilla Sierra, y Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, entre otros.
Según el documento, los acusados, en complicidad con funcionarios y miembros de comités de compras, favorecieron a más de veinte empresas a través de procesos amañados y contratos sobrevalorados, violando la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
- Este esquema habría operado entre 2012 y 2020, causando enormes pérdidas al Estado.
Solicitudes del Estado
En su petición, el Estado demanda:
- La aceptación de la querella y la apertura formal de una investigación penal.
- La imposición de medidas de coerción, incluyendo prisiones preventivas y embargos, dada la gravedad de los hechos y el riesgo de ocultamiento de pruebas.
- La nulidad de los contratos fraudulentos y la persecución penal por delitos como estafa agravada, prevaricación, coalición de funcionarios, falsificación, soborno, asociación de malhechores y lavado de activos.
- La declaración de actor civil a favor del Estado y las distribuidoras, exigiendo RD$50,000 millones como indemnización provisional por daños y perjuicios.
La querella, presentada el 14 de junio de 2021, fue elaborada por un equipo legal compuesto por los abogados Miguel Valerio Jiminián, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Güílamo, bajo instrucciones del Poder Ejecutivo.
Impacto económico
La querella detalla que el esquema de corrupción provocó pérdidas multimillonarias al erario. Los recursos desviados estaban destinados a la compra de equipos, la expansión de redes eléctricas y la mejora del servicio, lo que resultó en:
- Proyectos inconclusos o nunca ejecutados.
- Un aumento en la dependencia del subsidio eléctrico, generando más presión sobre el presupuesto nacional.
- Comunidades sin acceso a las obras prometidas.
Además del daño financiero, la acción denuncia un grave deterioro de la confianza pública en las instituciones encargadas del sector eléctrico.