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Estados Unidos solicitó a sus embajadas en países de América Latina informar sobre los delitos asociados a la “migración masiva” y analizar las políticas gubernamentales que, a su juicio, facilitan estos movimientos, en línea con la agenda migratoria del presidente Donald Trump.
En un comunicado difundido en redes sociales, el Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que instruyó a sus misiones diplomáticas a evaluar las políticas públicas que “dan prioridad a los migrantes sobre los ciudadanos” o que “facilitan la migración masiva”, así como a exhortar a los Gobiernos de la región a combatir lo que Washington considera violaciones de derechos humanos vinculadas a estos flujos.
“Estados Unidos insta a los Gobiernos a proteger sus fronteras y a defender a sus ciudadanos de las violaciones de los derechos humanos provocadas por la migración masiva”, señala el mensaje oficial.
El Departamento de Estado agregó que las redes criminales que facilitan estos desplazamientos “causaron estragos” en el país antes del refuerzo de la seguridad fronteriza impulsado por la actual administración.
Desde su regreso al poder en enero pasado, Trump ha endurecido las políticas migratorias estadounidenses, con miles de deportaciones y la imposición de restricciones totales o parciales de ingreso a casi 40 países. Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia orientada a reducir los flujos migratorios irregulares y fortalecer el control fronterizo.
En ese contexto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos aseguró recientemente que 2025 ha sido “un año de logros sin precedentes”, al reportar la deportación de 605,000 personas y la salida voluntaria de 1.9 millones de indocumentados. No obstante, la Casa Blanca no ha presentado datos públicos que respalden esta última cifra.
Durante la administración del expresidente Joe Biden (2021-2025), Estados Unidos impulsó programas económicos y de cooperación regional para abordar las causas estructurales de la migración, como la mala gobernanza, la corrupción, la violencia y la falta de oportunidades económicas.
La nueva directriz del Departamento de Estado marca un giro hacia un enfoque más restrictivo y de presión diplomática, al pedir a las embajadas que identifiquen y reporten políticas internas de los países latinoamericanos que, según Washington, contribuyen al aumento de la migración hacia Estados Unidos.