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Estados Unidos emitió tres nuevas licencias generales que reorganizan las operaciones vinculadas al petróleo y a la infraestructura portuaria y aeroportuaria de Venezuela.
Las medidas, publicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, permiten ciertas actividades comerciales, pero mantienen vigentes las sanciones contra el gobierno venezolano y la estatal PDVSA.
La Licencia General 46A habilita a determinadas empresas estadounidenses a participar en la compra, venta, transporte y refinación de petróleo venezolano, incluso si interviene PDVSA. Solo podrán operar compañías constituidas en Estados Unidos antes del 29 de enero de 2025.
Los contratos deberán regirse por leyes estadounidenses y cualquier disputa legal deberá resolverse en tribunales de ese país. Además, los pagos dirigidos a personas o entidades sancionadas deberán depositarse en cuentas especiales supervisadas por el gobierno estadounidense.
La norma permite contratar buques, seguros marítimos y servicios de terminales, así como realizar intercambios comerciales de crudo o productos refinados, siempre que sean razonables desde el punto de vista comercial.
Sin embargo, prohíbe operaciones con actores vinculados a Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba, así como con empresas controladas por capital chino. Tampoco autoriza pagos en criptomonedas, oro, canjes de deuda ni el uso de buques sancionados.
La Licencia General 48 autoriza la exportación desde Estados Unidos de bienes, tecnología y servicios para actividades petroleras y gasíferas en Venezuela. Incluye transporte marítimo, seguros, logística portuaria y reparación de equipos. No permite crear nuevas empresas mixtas ni exportar diluyentes al país.
Por su parte, la Licencia General 30B habilita transacciones necesarias para el funcionamiento de puertos y aeropuertos venezolanos, incluyendo operaciones vinculadas al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA).
La OFAC aclaró que estas autorizaciones no eliminan otras sanciones vigentes. Las empresas deberán presentar informes detallados sobre volúmenes, destinos y pagos relacionados con el comercio de crudo. En conjunto, las medidas permiten una reapertura limitada y controlada, bajo supervisión directa de Estados Unidos.