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El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, cuestionó este lunes la decisión del juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, de imponer prisión domiciliaria al expresidente Jair Bolsonaro, calificándola como una medida que “amenaza la democracia” y restringe su derecho a expresarse públicamente.
En un comunicado publicado en redes sociales, la oficina aseguró que De Moraes —ya sancionado por EE. UU. bajo la Ley Magnitsky por presuntas violaciones a los derechos humanos— “continúa usando las instituciones brasileñas para silenciar a la oposición”.
La medida contra Bolsonaro fue dictada tras considerar que violó restricciones judiciales que le prohibían el uso de redes sociales o declaraciones públicas, en el marco de la investigación por su presunto rol en los intentos de revertir las elecciones de 2022. El exmandatario participó por videollamada en manifestaciones opositoras realizadas el domingo.
El fallo ha provocado reacciones en la familia Bolsonaro: su hijo y senador Flávio Bolsonaro pidió iniciar un proceso de destitución contra De Moraes, acusándolo de “abuso de poder” y “venganza” por las sanciones impuestas desde Washington.
La investigación en curso podría concluir antes de fin de año y, de ser hallado culpable, Bolsonaro enfrentaría hasta 40 años de prisión. El caso ha elevado la tensión entre el Poder Judicial brasileño y sectores de la derecha nacionalista, además de generar repercusiones en las relaciones exteriores de Brasil.