Educación revisará todos los contratos de mantenimiento antes de autorizar pagos
Las juntas descentralizadas deben seguir estrictamente el reglamento de manejo de fondos. Las medidas buscan asegurar que el dinero invertido se traduzca en mejoras para estudiantes mediante un control riguroso.
El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, emitió este martes la Orden Departamental 055-2025, con la que busca reforzar la supervisión y transparencia en el uso de fondos destinados al mantenimiento correctivo de los centros educativos.
Desde marzo, por instrucción del ministro y con el acompañamiento de la Contraloría General de la República, se desarrolla un proceso de revisión integral de los contratos de mantenimiento, tanto de la gestión pasada como de la actual.
Revisión de pagos y auditorías obligatorias
El Ministerio informó que en adelante los pagos solo podrán realizarse después de verificar físicamente y documentar los trabajos concluidos.
Entre las medidas dispuestas, la orden establece que:
- Ninguna transferencia a las juntas descentralizadas será ejecutada sin una auditoría que certifique la terminación satisfactoria de las obras.
- Los casos de contratos pagados sin ejecución serán documentados en un informe técnico que se enviará al Equipo de Recuperación del Patrimonio Público y, si procede, al Ministerio Público.
- La Dirección de Infraestructura Escolar tendrá la responsabilidad de reforzar la supervisión de las obras en curso.
Responsabilidades de las juntas
De Camps recordó que las juntas descentralizadas deben cumplir estrictamente el Reglamento para el Manejo de Fondos, lo que incluye presentar planes operativos, presupuestos, reportes mensuales y mantener inventarios actualizados.
Además, reiteró que estas instancias están sujetas a la Ley de Compras y Contrataciones, y que cualquier incumplimiento podrá ser sancionado. El Consejo Nacional de Educación tendrá la facultad de anular decisiones que contravengan la Constitución o la Ley General de Educación.
Objetivo de las medidas
El Ministerio explicó que estas disposiciones buscan garantizar que cada recurso invertido en mantenimiento escolar se traduzca en obras verificables y en mejores condiciones para los estudiantes, respaldadas por mecanismos de control financiero, técnico y legal más rigurosos.