Eduardo Núñez: “La lucha contra la corrupción nunca existió”

El abogado Eduardo Núñez expuso tipo reflexión este martes Por qué entiende que nunca ha existido en República Dominicana una real “lucha contra la corrupción”.

En su intervención en El Sol de la Mañana, el abogado Núñez explicó que en el país la llamada “lucha contra la corrupción” no ha sido real, porque —a su juicio— nunca tuvo un diseño jurídico orientado a fortalecer el Estado de derecho y enumeró varias razones:

• Origen político (2020): dijo que en 2020 se produce la confluencia de sectores “afectados” por el gobierno anterior, que se agrupan en un proyecto político y un “modelo de Ministerio Público” con un objetivo central: el PLD, como retaliación y cumplimiento de promesas de campaña.
• Objetivo mediático, no judicial: aseguró que el “éxito” que han tenido es mediático desde el primer día, pero no el éxito jurídico de garantías, reglas y plazos.
• Método no jurídico = resultado no jurídico: afirmó que si el método es político, el resultado tampoco puede ser de derecho, porque se prioriza “convencer al país” y no “convencer a un juez”.
• Uso del abuso como herramienta: sostuvo que la prisión preventiva prolongada, la espectacularización y la presión pública sustituyen la prueba.
• Desigualdad procesal: denunció que la defensa recibe expedientes tarde y en desventaja, lo que rompe el principio de igualdad.

1) “No se quería un caso sólido, sino un caso grande”

Núñez planteó que el Ministerio Público habría seguido un patrón reconocible. Dijo que no se construyen expedientes para sustentar una imputación clara, sino para producir impacto.

Afirmó que una acusación con miles de páginas y miles de “pruebas” puede servir para cualquier cosa menos para imputar con coherencia. En su lectura, el volumen sustituye la solidez y la narrativa sustituye la precisión.

Sostuvo que el proceso arranca con la necesidad de crear villanos y alimentar un relato “vendible”. Según dijo, por eso los allanamientos, las cámaras y la exposición pública pasan a ser parte central del libreto.

2) El “manual” que denunció: narrativa, personajes y cifras “superprueba”

El abogado describió lo que llamó un patrón de cinco pasos.

Primero, “crear narrativa” y hacerla circular. Segundo, agregar “personajes secundarios” porque, según afirmó, se entiende el derecho como un asunto de volumen: mientras más imputados y más páginas, “más razón” creen que tendrán.

Tercero, sostuvo que la cifra debe ser espectacular. Dijo que números como “40,000 millones” operan como un disparo psicológico: instalan culpa, dolo y beneficio sin que necesariamente se audite o verifique.

Cuarto, cuestionó los “acuerdos selectivos”. Afirmó que se negocia con quien dice lo que se quiere oír, y que la prisión preventiva extensa se convierte en carta de negociación. Mencionó como presiones la amenaza de cárcel prolongada y, según indicó, hasta el tema de visas.

Quinto, dijo que aparecen “colaboradores profesionales”, con testimonios que se reciclan y cambian según el caso y la conveniencia.

3) Prisión preventiva, filtraciones y el tiempo como arma

Núñez insistió en que el tiempo dejó de ser una regla y pasó a ser un instrumento manejado a voluntad. Dijo que hay procesos iniciados en 2020 y 2021 que, por simple aritmética, deberían estar alcanzados por la extinción.

También denunció “filtraciones oportunas” que —según su argumento— llegan primero a medios antes que a la defensa, creando un daño público irreversible. Afirmó que así se confunde prisión preventiva con condena, y acusación con hecho probado.

Puso de ejemplo el caso Jean Alain para ilustrar su tesis sobre el uso de cifras y el paso del tiempo en la narrativa pública, alegando que se vende el escándalo por encima de la prueba y de las garantías.

4) “Queremos derechos, pero amamos el abuso”

En uno de los tramos más críticos, Núñez giró el foco hacia la sociedad. Dijo que no todo es culpa del Ministerio Público. Afirmó que como país se compra escándalo por prueba y se aplaude la humillación pública.

Señaló que muchos exigen democracia, pero celebran el exceso y la violación de garantías. En su lectura, esa demanda de “justicia popular” empuja al sistema a operar para redes y titulares, no para tribunales.

Agregó que parte de la permanencia de este modelo se explica por la complacencia o temor en instancias judiciales, y por un poder judicial que —según dijo— evita confrontar el abuso.

Importante:

1. Afirma que los casos nacieron con diseño político, no jurídico
2. Describe un “manual” basado en narrativa, volumen y cifras “espectaculares”
3. Denuncia acuerdos selectivos, presiones y prisión preventiva como herramienta
4. Advierte extinción de procesos por el paso del tiempo y filtraciones a medios
5. Propone régimen de consecuencias para fiscales y respuestas firmes del Poder Judicial

5) Cómo corregirlo: “régimen de consecuencias” y decisiones judiciales firmes

Ante la pregunta sobre cómo frenar filtraciones y distorsiones, Núñez propuso dos rutas.

La primera, estructural: crear un régimen de consecuencias para fiscales, incluyendo sanciones por ocultar pruebas o filtrar información. Dijo que eso puede no ocurrir de inmediato, pero que eventualmente tendrá que llegar.

La segunda, práctica: empezar a decir “no” al abuso desde los tribunales. Planteó que cuando haya consecuencias reales —nulidades, exclusiones probatorias, sanciones— el comportamiento cambiará.

Usó como referencia la necesidad de respuestas oportunas y contundentes frente a violaciones de plazos, porque cuando el sistema tarda años en afirmar obviedades jurídicas, el abuso se normaliza.

6) El caso Jacín: “no es justicia constitucional, es morbo”

En la parte final, al abordar el caso del doctor Jacín, Núñez afirmó que imponer prisión preventiva a una persona con arraigo, familia, bienes y vida profesional en el país es un abuso.

Sostuvo que se introdujeron criterios subjetivos como “complejidad” y “gravedad del hecho” para justificar coerción, aun cuando en esa etapa —dijo— no se ha probado el hecho en juicio.

Planteó alternativas como prisión domiciliaria o medidas menos gravosas, y denunció que en casos de alto perfil se busca complacer el “morbo” social. A su entender, se pide castigo antes de prueba, y eso choca con el modelo constitucional.

Cerró insistiendo en que los derechos existen precisamente para quien entra en conflicto con la ley penal, y que si estos procesos triunfan con violaciones, sería —según su visión— una derrota del Estado de derecho.