Un total de 13,000 militares comenzaron a desplegarse desde este jueves en cuatro de las provincias más afectadas por la violencia en Ecuador, como parte de una nueva estrategia del Gobierno para reforzar la seguridad y enfrentar al crimen organizado. La medida fue puesta en marcha después de que el presidente Daniel Noboa decretara un nuevo estado de excepción en varias zonas del país.
Los efectivos fueron movilizados desde provincias con menores niveles de criminalidad hacia Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos, consideradas áreas prioritarias por la alta incidencia de hechos violentos y por su importancia dentro de las rutas utilizadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico con destino a Europa y Norteamérica.
Las Fuerzas Armadas informaron que incrementarán los patrullajes terrestres y marítimos, reforzarán los controles de armas, municiones y explosivos, y apoyarán las operaciones dirigidas a desarticular los grupos armados que operan en esas provincias.
“El objetivo es disminuir principalmente las muertes violentas y tener el control de las ciudades que están catalogadas como más violentas”, afirmó el general Mauro Bedoya, jefe del Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), durante la llegada de unos 210 militares a una base aérea en Guayaquil.
El oficial agregó que la presencia de las Fuerzas Armadas también busca fortalecer la percepción de seguridad entre la ciudadanía, en momentos en que la preocupación por el incremento de la criminalidad continúa en aumento.
Del total de militares movilizados, alrededor de 6,000 permanecerán en la provincia de Guayas, identificada como el principal foco de violencia del país. Hasta mayo, esa provincia registraba 1,521 homicidios de los 3,485 contabilizados a nivel nacional.
El despliegue coincide con el anuncio del presidente Daniel Noboa sobre el inicio de una etapa de “guerra total” contra las organizaciones criminales, mediante la ratificación del conflicto armado interno declarado en 2024.
La medida contempla la posibilidad de que militares extranjeros participen en operaciones de seguridad dentro del territorio ecuatoriano con inmunidad jurídica, aunque las autoridades castrenses precisaron que, por el momento, no existe información sobre un eventual despliegue internacional.
Mediante un decreto, el mandatario también anunció que otorgará indultos, reducirá o conmutará penas a militares, policías y civiles que intervengan en acciones relacionadas con la defensa del Estado frente al conflicto armado interno, siempre dentro del marco establecido por la legislación vigente.
A pesar de los estados de excepción implementados desde comienzos de 2024 y de los operativos permanentes de las fuerzas de seguridad, Ecuador continúa enfrentando una crisis de seguridad marcada por elevados índices de violencia.
Datos oficiales indican que durante 2025 el país registró un récord de 9,281 homicidios, equivalente a una tasa superior a 50 asesinatos por cada 100,000 habitantes, una de las más altas de América Latina.
Las autoridades confían en que el nuevo despliegue militar permita recuperar el control de las zonas con mayor presencia de grupos criminales y contribuya a reducir los niveles de violencia que afectan a distintas regiones del país.