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El economista Francisco Tavárez advirtió que la política de incentivos fiscales aplicada en República Dominicana no debe eliminarse de manera radical, pero sí requiere una profunda revisión en términos de gobernanza, seguimiento y coherencia con la legislación laboral y tributaria.
Durante su participación en el programa El Rumbo de la Mañana, Tavárez subrayó que el problema no es la existencia de los incentivos, sino la forma en que se administran y supervisan.
“Esta política no es radical del todo, porque no estamos hablando de tierra arrasada, estamos hablando de la gobernanza de estos incentivos”, expresó el economista, al tiempo que insistió en que el Ministerio de Hacienda, como órgano rector de las finanzas públicas, debe dar seguimiento permanente al impacto real de estas exenciones.
Tavárez denunció que grandes cadenas hoteleras y empresas multimillonarias que operan en el país no cumplen con la legislación laboral dominicana, pese a que sí lo hacen en países como España o Francia.
“Aquí declaran pérdidas como una actividad con los impuestos exonerados, con salarios prácticamente subsidiados para aumentar el beneficio y la rentabilidad de estas empresas”, afirmó, señalando que esta práctica les permite incluso evadir el pago de bonificaciones a los trabajadores.
El economista consideró injustificable que empresas altamente beneficiadas por exenciones fiscales y acceso a créditos públicos y privados declaren pérdidas ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
“¿Ustedes creen que el Estado debe permitir que empresas que se beneficien con tamañas exenciones no paguen esas utilidades? Para mí eso raya en la injusticia y la ineficiencia”, sostuvo, citando el artículo 243 de la Constitución Dominicana sobre equidad tributaria.
Al referirse al gasto tributario, Tavárez citó cifras del informe Fiscalidad para la Desigualdad y el Estado Mínimo de la Fundación Juan Bosch que indican que entre 2008 y 2025 el gasto tributario acumulado supera los 1.2 billones de pesos. Puntualizó que el 40 % de ese gasto corresponde a las zonas francas y el 8 % al sector turismo.
El economista también cuestionó el argumento de que aumentar salarios o reducir incentivos provocaría la salida de inversiones del país. Puso como ejemplo a Costa Rica, donde los salarios en zonas francas son casi el doble que en República Dominicana.
Tavárez alertó además sobre el deterioro de la participación del trabajo en la economía. “La masa salarial representa apenas un 22 % del PIB y se ha reducido ocho puntos porcentuales en los últimos diez años”, afirmó. Según sus datos, mientras las utilidades empresariales se han duplicado en los últimos 15 años, el salario real solo ha aumentado un 10 %, lo que evidencia un reparto desigual de la riqueza.
Finalmente, el economista llamó a coherenciar la política fiscal y tributaria del país, citando contradicciones como las exenciones al fuel oil, pese a su alto impacto ambiental, frente a leyes que promueven energías limpias.
“La política tributaria debe ser coherente; no podemos promover energía limpia y al mismo tiempo subsidiar combustibles altamente contaminantes”, concluyó.