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El traslado a La Haya del exmandatario de Filipinas, Rodrigo Duterte, se produce tras su detención en Manila bajo una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes contra la humanidad, sigue el mismo camino que otros mandatarios juzgados por distintos tribunales especiales a nivel internacional.
Duterte enfrenta acusaciones de crimen de lesa humanidad por asesinato durante su "campaña contra las drogas" entre 2011 y 2019 en Filipinas. Aunque en 2019 retiró a su país del Estatuto de Roma, el tratado que establece la CPI, dicha decisión no afecta la jurisdicción de la Corte sobre los crímenes cometidos en los años anteriores.
El exmandatario de Estado filipino se convierte en el segundo líder en ser entregado a la CPI desde su fundación en 2002. Laurent Gbagbo, expresidente de Costa de Marfil, fue absuelto por la CPI en 2019 de los crímenes de lesa humanidad que se le imputaban, tras pasar casi diez años en el Centro de Detención de La Haya.
Además, la lista de órdenes de arresto emitidas por la CPI incluye a figuras como el presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el exmandatario sudanés Omar al Bashir.
La CPI opera bajo el Estatuto de Roma, adoptado en 1998, y tiene competencia sobre crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión estatal. Actualmente, cuenta con 125 Estados miembros, aunque grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China no forman parte de ella.
Tribunales especiales
La Haya también alberga otros tribunales especiales ad hoc, creados con apoyo internacional para abordar casos y conflictos específicos.
Charles Taylor, expresidente de Liberia (1997-2003) y figura clave en los conflictos de África Occidental, se convirtió en el primer exjefe de Estado condenado por un tribunal internacional desde los juicios de Núremberg después de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente cumple su condena en una prisión del Reino Unido.
El juicio de Taylor, llevado a cabo por el Tribunal Especial para Sierra Leona (TESL), establecido con el respaldo de la ONU, concluyó el 26 de abril de 2012 con una condena por crímenes de guerra y lesa humanidad. Aunque esta Corte operó en Freetown (Sierra Leona), el juicio se realizó en La Haya por razones de seguridad.
El tribunal determinó que Taylor fue "responsable" de apoyar y armar a los rebeldes de Sierra Leona a cambio de diamantes de sangre, convirtiéndose así en cómplice de los crímenes perpetrados durante la guerra en Sierra Leona (1991-2002), que dejó aproximadamente 50,000 muertos y miles de mutilados y desplazados.
En 1999, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), establecido en La Haya, presentó cargos contra Slobodan Miloševic, expresidente de Serbia, por su papel fundamental en las guerras de los Balcanes en la década de 1990.
Miloševic fue el primer jefe de Estado europeo acusado de genocidio y crímenes de guerra por un tribunal internacional mientras aún ocupaba su cargo. Posteriormente, en 2001, ya fuera del poder, fue arrestado por Serbia y extraditado a La Haya, donde enfrentó un juicio histórico con más de 60 cargos, incluidos genocidio en Bosnia, crímenes de guerra en Croacia y crímenes contra la humanidad en Kosovo.
Miloševic falleció en 2006 en su celda antes de que se emitiera un veredicto, dejando su juicio sin resolución final.
