La miembro titular del Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), Dolores Fernández Sánchez, llamó a construir un contrato social que garantice el derecho a la identidad de todos los ciudadanos, al destacar el impacto transformador de la nueva Ley 4-23, Orgánica de los Actos del Estado Civil.
Durante una conferencia celebrada en el Centro Cultural Ateneo Dominicano, en ocasión del 154 aniversario de esa institución, Fernández señaló que el acceso a la identidad legal es la base de todos los derechos fundamentales. “El contrato social es comprometernos cada uno de nosotros y ver que cada ciudadano y ciudadana estén declarados”, afirmó.
La Ley 4-23, que reemplaza a la derogada Ley 659, introduce una serie de principios modernos como la eficacia, celeridad, legalidad, actuación de oficio e interoperabilidad entre instituciones, lo que, según Fernández, marcará un antes y un después en la gestión del registro civil.
En ese sentido, subrayó que la JCE avanza hacia la transformación digital, respaldada por acuerdos interinstitucionales con entidades como las Fuerzas Armadas, el TSE, Migración, Pasaportes, Educación, Salud Pública, Relaciones Exteriores, Interior y Policía, entre otras.
Fernández advirtió que no basta con una ley moderna si no se cuenta con los recursos y la voluntad necesarios para aplicarla. “El éxito de esta legislación depende de la inversión en tecnología y talento humano. Necesitamos una plataforma fuerte para obtener resultados eficientes y eficaces”, dijo.
Entre los avances que introduce la ley, destacó la ampliación de plazos (artículo 179), la protección contra nombres que vulneren la dignidad (artículo 74), la validación de documentos tras la clausura de folios (artículo 111) y las nulidades administrativas (artículo 107).
Finalmente, resaltó que uno de los principales objetivos de la JCE es la eliminación del subregistro, un compromiso contemplado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, ya que “sin identidad no hay acceso pleno a derechos ni inclusión en las políticas públicas”.