La República Dominicana cerró 2025 con un incremento significativo en las incautaciones de drogas, consolidándose como uno de los países del Caribe con mayor actividad en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Durante el año, las autoridades decomisaron 48.3 toneladas de sustancias controladas, superando las 43.94 toneladas registradas en 2024.
Datos oficiales indican que los operativos fueron encabezados por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, la Dirección General de Aduanas, organismos de inteligencia y agencias internacionales aliadas. Del total incautado, 31,294 kilogramos fueron ocupados dentro del territorio nacional y 17,041 kilogramos mediante acciones conjuntas con otros países.
En comparación, durante 2024 las autoridades confiscaron 43,937.93 kilogramos de narcóticos. La cocaína representó la mayor parte, con 37,258.42 kilogramos, seguida de 6,422.38 de marihuana y 212.71 de crack, además de pequeñas cantidades de opio, éxtasis y hachís.
Las autoridades informaron además que, con el apoyo del U.S. Marshals Service, fueron extraditados y deportados 84 fugitivos requeridos por la justicia internacional.
En 2024, los arrestos alcanzaron 48,968 personas, con la incautación de 381 armas, 2,955 vehículos y montos en efectivo superiores a 43.9 millones de pesos, 75,771 dólares y 2,425 euros.
Según las autoridades, estos resultados reflejan la política de seguridad impulsada por el Gobierno del presidente Luis Abinader, orientada a debilitar las estructuras del narcotráfico y el lavado de activos.
A finales de noviembre, el presidente Abinader anunció un acuerdo temporal con Estados Unidos que permitirá el uso limitado de áreas en la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de Las Américas. Estas facilidades serán utilizadas para reabastecimiento, traslado de equipos y apoyo técnico a aeronaves estadounidenses dedicadas a operaciones antinarcóticos.
El mandatario precisó que el acuerdo se sustenta en convenios vigentes, como el Acuerdo de Interdicción Marítima y Aérea de 1995 y su enmienda de 2003, los cuales establecen que todas las operaciones se realizan con autorización dominicana y bajo supervisión del Ministerio de Defensa y la DNCD.
