x
Organizaciones no gubernamentales (ONGs) y asociaciones sin fines de lucro (ASFL) que trabajan en la “Atención e Internamiento de Usuarios de Drogas” en la República Dominicana denunciaron irregularidades en la entrega de bienes y recursos administrados por el recién creado Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (INCABIDE).
En un documento dirigido a la opinión pública, estas entidades, que agrupan más de 100 locales y atienden a más de 2,000 internos y afectados directos e indirectos, señalaron:
“Hacemos un Reclamo de Interés General al Consejo Directivo de INCABIDE de la entrega por inventario de todos los bienes y los recursos en efectivo pendientes a entregar por violación a la ley 50-88 y 155-17”, reza el comunicado.
Las organizaciones también solicitaron al Poder Ejecutivo someter una modificación a la Ley 60-23 que creó el INCABIDE, con el objetivo de reincorporar el beneficio del 15 % que por 25 años recibieron estas instituciones bajo la Ley de Lavado de Activos.
Los directivos recordaron que han sostenido tres encuentros con el presidente Luis Abinader, en 2020, 2021 y 2024.
“El presidente Abinader al reunirse con nosotros se ha mostrado como un amigo en tres ocasiones, una de ellas nos convocó él mismo rápidamente en horas de la tarde/noche. Ha delegado acciones en diferentes funcionarios, pero más que apoyo a su intención lo que hemos recibido es la eliminación del beneficio económico de 25 años".
El reclamo surge tras la publicación, el 19 de noviembre de 2024, del traspaso de bienes decomisados desde el Ministerio Público hacia el INCABIDE, que según los denunciantes ascienden a unos RD$3,340 millones, incluyendo apartamentos, casas, solares, vehículos, aeronaves, fincas y joyas.
Las ONGs denunciaron que los casos juzgados bajo las leyes 50-88 y 155-17 deberían mantener el mismo trayecto legal, sin retroactividad con las nuevas normas 340-22 y 60-23. Sin embargo, afirman que no tienen acceso al detalle de qué bienes corresponden a esas legislaciones, pese a sus solicitudes formales al Ministerio Público y al INCABIDE.
“Lo que solicitamos es reponer los beneficios mínimos que por 25 años hemos recibido quienes somos los reales merecedores por razón social. Lo que reclamamos es lo que está ahí, lo que está pendiente, lo que debe esclarecerse, ejecutarse y entregarse a quienes por ley le pertenece",
Las entidades sostienen que la eliminación de estos fondos amenaza la sostenibilidad de los programas de rehabilitación. “Los proyectos de adecuación de los locales, los de reinsertar los egresados de los Programas de Atención y otras acciones básicas se han esfumado. La situación económica por la que atraviesan los locales, la mayoría alquilados, es una burla al razonamiento lógico y serio. Entidades llenas de deudas, pasando necesidades de pobreza extrema, cerrando locales y próximos a la disolución".
Finalmente, los representantes hicieron un llamado urgente a las autoridades: “Todas las necesidades que abruman a los Programas son por algún bloqueo, sea la razón cual sea, hay indiferencia, ineptitud, o intención mal sana. ¡Los fondos están ahí, entréguenlos ya!”.
El documento fue firmado por Luis E. Mártez, director ejecutivo de Hogar CREA Internacional, y Paulino Ventura José Corporán, presidente y secretario de la organización RENACERÁ.
