La Comisión Permanente de Trabajo de la Cámara de Diputados retomó este miércoles el análisis del proyecto de reforma laboral aprobado previamente por el Senado, y durante la sesión resurgieron nuevas propuestas enfocadas en modificar la forma en que se paga la cesantía, uno de los puntos más controversiales del Código de Trabajo.
Entre las iniciativas en discusión destaca el proyecto de ley presentado por la diputada Carmen Ligia Barceló, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien propone establecer un tope máximo de seis meses de salario para el pago de la cesantía laboral, sin importar el tiempo de servicio del trabajador.
La propuesta, única en su tipo dentro del grupo de proyectos que estudia la comisión, plantea sustituir el cálculo tradicional —basado en los años laborados— por un límite que permita equilibrar los derechos de los empleados con la sostenibilidad económica de las empresas.
Barceló argumentó que es necesario encontrar un punto medio entre los beneficios de los trabajadores y la viabilidad del sector empresarial, señalando que muchas pequeñas empresas enfrentan dificultades financieras o incluso quiebras debido al costo que representa el pago de cesantía.
“Este es un diálogo que debe continuar, porque estamos hablando del tejido empresarial, que es el que genera los empleos”, expresó la legisladora por Hato Mayor.
La diputada, quien además integra la comisión encargada del estudio de la reforma, recordó que el grupo de trabajo —presidido por el congresista Mélido Mercedes— tiene la responsabilidad de analizar las cuatro propuestas sobre el tema y rendir un informe favorable que recoja los puntos consensuados.
El tema de la cesantía laboral ha sido uno de los más debatidos durante el proceso de reforma al Código de Trabajo. Aunque el Senado rechazó en dos ocasiones la modificación del actual régimen, el sector empresarial ha insistido en que sin abordar este punto, “no puede hablarse de una reforma laboral real”.
La cesantía está contemplada en la Ley 16-92, que aprueba el Código de Trabajo, y se define como una indemnización económica que el empleador debe pagar al trabajador en caso de despido sin causa justificada.
Además del proyecto de Barceló, la comisión analiza otras tres iniciativas:
Si la Cámara de Diputados aprueba el proyecto sin modificaciones, la iniciativa quedará lista para ser promulgada. En caso contrario, deberá volver al Senado para una nueva revisión y votación.