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La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en única lectura, las observaciones enviadas por el Poder Ejecutivo a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. Las modificaciones afectan al menos 19 artículos de la normativa, entre ellos los que imponían obligaciones a empresas cementeras y mezcladoras de asfalto.
El presidente Luis Abinader remitió una carta al Congreso con un documento de 28 páginas en el que solicita revisar varios artículos, introducir nuevos textos y realizar ajustes de redacción.
Entre los puntos observados figura el párrafo I del artículo 20, el cual establecía que las cementeras debían incorporar combustibles alternativos derivados de residuos sólidos para sustituir parcial o totalmente los combustibles fósiles. De aceptarse la propuesta, este artículo sería eliminado.
También se solicitó eliminar el párrafo II del mismo artículo, que ordenaba al Ministerio de Medio Ambiente emitir en seis meses la normativa sobre el uso de estos combustibles en procesos de coprocesamiento.
El Poder Ejecutivo pidió igualmente suprimir los párrafos I y II del artículo 21, que obligaban a las plantas mezcladoras de asfalto a incluir un porcentaje de plástico reciclado en su producción.
Otro aspecto observado fue el artículo 3 de la normativa aprobada, que introduce numerales y un nuevo párrafo a la Ley 225-20. Este punto ha generado críticas de distintos sectores, que advierten que la obligación de instalar una planta de tratamiento por región podría favorecer esquemas de concentración o monopolio.
Tras la aprobación de los diputados, la ley vuelve al Poder Ejecutivo para su promulgación y posterior entrada en vigencia.