Diputado propone eliminar incentivos fiscales a la industria cinematográfica

El diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza presentó un proyecto de ley ante el Congreso Nacional que busca la eliminación de varios artículos de la Ley 108-10 sobre el Fomento de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana.

La propuesta pretende suprimir incentivos fiscales y exoneraciones que han sido fundamentales para el desarrollo del sector cinematográfico en el país.

La iniciativa ha generado debate entre los actores de la industria, quienes advierten sobre el impacto que tendría en la producción local e internacional de películas en el territorio nacional.

Artículos que serán eliminados

Entre los artículos que se busca suprimir están los siguientes:

• Artículo 33: Requisitos para optar por los incentivos fiscales, que establece condiciones como el Permiso Único de Rodaje y la inversión de un porcentaje del presupuesto en el país.
• Artículo 34: Estímulo tributario a la inversión en la cinematografía nacional, que permite a empresas deducir el 100% de su inversión en cine del Impuesto Sobre la Renta.
• Artículo 35: Exenciones fiscales para la reinversión en la industria cinematográfica.
• Artículo 36 al 38: Exenciones para la construcción de salas de cine y otros beneficios fiscales para la infraestructura cinematográfica.
• Artículo 39: Crédito fiscal transferible del 25% sobre gastos de producciones nacionales y extranjeras en el país.
• Artículo 40 al 45: Otras exenciones, como la importación libre de impuestos de equipos cinematográficos, incentivos para estudios de grabación y facilidades aduaneras para la importación de largometrajes nacionales.

Los proyectos de ley pasan a comisiones para su estudio y posterior debate en el Congreso Nacional, donde se espera una discusión intensa entre los legisladores, representantes del sector cinematográfico y otros actores de la economía creativa.

Propone la eliminación de las exenciones de impuestos para la importación de vehículos destinadas a legisladores (diputados y senadores), jueces del Tribunal Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia, miembros de la Junta Central Electoral, fiscales, militares, el cuerpo diplomático dominicano y demás servidores públicos.

El documento también establece que las exenciones otorgadas antes de la promulgación de esta ley seguirán vigentes hasta diciembre de 2026. La propuesta tiene 37 artículos.