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Luego de que la procuradora general de la República, Yeni Berenice indicara que investigarán a personas que exhiban un estilo de vida que no se corresponda con sus ingresos, la diputada de la Fuerza del Pueblo (FP), Nurca Luciano, calificó como insuficiente y superficial la iniciativa.
Luciano sostuvo que para determinar si alguien incurre en actos de corrupción se requiere una investigación profunda y rigurosa, ya que —según enfatizó— “siempre queda evidencia” cuando se cometen irregularidades.
“Se debe perseguir la corrupción administrativa en todas sus fases y manifestaciones, pero yendo al fondo; no quedándose en lo superficial para luego decir que no había pruebas y dejar a los responsables en libertad”, expresó la legisladora.
Aunque reconoció que las llamadas “auditorías visuales” pueden servir como punto de partida, advirtió que no constituyen una base sólida para establecer responsabilidades penales. En ese sentido, ejemplificó que un vehículo de lujo adquirido a crédito no necesariamente representa un indicio de corrupción.
Las declaraciones de la congresista responden a los planteamientos de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien anunció que serán investigados los funcionarios públicos cuyos consumos, transacciones financieras y estilos de vida no correspondan con sus salarios
Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo, instó al Ministerio Público a actuar con determinación frente a los casos de corrupción en la actual gestión. Recordó que el propio presidente Luis Abinader ha admitido errores en varias ocasiones.
“El Ministerio Público debe dar respuestas a la sociedad. Es hora de dar un paso al frente”, manifestó Raposo.
En cambio, el diputado oficialista Ignacio Aracena (PRM) defendió la posición de Reynoso, asegurando que la medida se enmarca dentro de las facultades que tiene la Procuraduría y que está alineada con las nuevas disposiciones del Código Penal que entrará en vigor en 2026.
“Lo que ella plantea responde al mandato del nuevo Código Penal, que contempla la tipificación de la corrupción agravada, ya sea de funcionarios o de cualquier persona”, apuntó Aracena.
De esta forma, el debate sobre los métodos de investigación anticorrupción enfrenta visiones encontradas en el Congreso, mientras se acerca la entrada en vigencia de un marco legal más estricto en materia de sanciones.