x
La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) advirtió que a partir de septiembre de 2025 serán sancionadas las instituciones públicas que no alcancen al menos 85 puntos en las evaluaciones de sus portales de transparencia.
La medida está contemplada en el Decreto 166-25, emitido por el presidente Luis Abinader, y busca garantizar el cumplimiento de las normas de acceso a la información pública.
Milagros Ortiz Bosch, directora de la DIGEIG, explicó que las sanciones incluirán la exclusión del pago de compensaciones extraordinarias a los servidores públicos que incumplan con las responsabilidades establecidas en la matriz de responsabilidad informacional. La funcionaria recalcó que el objetivo es fortalecer la rendición de cuentas y consolidar la cultura de transparencia en la administración pública.
La doctora Ortiz Bosch indicó que la nueva normativa es fundamental para la lucha contra la corrupción y la impunidad.
«La Ley No. 200-04 establece el derecho que tiene el ciudadano a conocer el gasto y las inversiones de las estructuras públicas. Darle seguimiento permanente a esta ley, obliga también al Gobierno a servir los datos de manera eficiente y que puedan ser reutilizados por los ciudadanos», señaló.
La asesora del Poder Ejecutivo en materia de Ética, Transparencia y Anticorrupción, recordó que infringir en cualquiera de las disposiciones de la normativa podrá ser, además, castigadas administrativamente, acorde a la Ley No. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública y la Ley No. 41-08 de Función Pública, con inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta prisión.
Incumplimiento en transparencia
Además, la normativa dispone que las metas de cumplimiento en transparencia serán aplicadas a los acuerdos de desempeño individual de los servidores públicos, de acuerdo con la matriz de responsabilidad informacional, a la que se refiere el Decreto No. 166-25.
Estas metas representarán 16 puntos del puntaje total de evaluación y deberán ser integradas por las direcciones de recursos humanos de cada institución, bajo la supervisión del Ministerio de Administración Pública (MAP).
La Digeig distribuirá la matriz de responsabilidad de aplicación de la Ley No. 200-04 a los órganos y entes del Poder Ejecutivo, los cuales deberán completarla y devolverla en un plazo no mayor de 30 días laborables, junto con los criterios para asegurar el cumplimiento de la transparencia activa y pasiva.
Uno de los puntos clave es el uso obligatorio del Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP), que funcionará como plataforma oficial para recibir, gestionar y dar seguimiento a las solicitudes.
Matriz de responsabilidad informacional
Este instrumento establece claramente qué información debe publicarse, quién la entrega, cuándo debe entregarse, cómo debe entregarse, quién es el responsable de cargarla en el portal de transparencia y bajo que plazos.
Toda esta información forma parte de la transparencia activa y debe servirse en formatos accesibles, como Excel, PDF o documentos físicos, con una periodicidad establecida y el respaldo del funcionario responsable.
Esta medida tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la Ley No. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, su reglamento de aplicación y la Política Nacional de Datos Abiertos.
Las acciones dispuestas en el decreto No. 166-25, serán coordinadas por la DIGEIG y aplicarán a todos los órganos y entes de la administración pública central y descentralizada bajo la dependencia del Poder Ejecutivo.