La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) expresó su preocupación ante la posibilidad de represalias contra ciudadanos denunciantes y testigos de presuntos actos de corrupción administrativa, por lo que notificó la situación a la Procuraduría General de la República.
La directora de la entidad, Milagros Ortiz Bosch, visitó la Procuraduría con el objetivo de alertar sobre eventuales acciones administrativas o legales contra personas que han colaborado con investigaciones vinculadas a irregularidades en instituciones públicas.
La inquietud surge tras una denuncia recibida en agosto de 2025 sobre presuntas anomalías en la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (Coraamon). Luego de los levantamientos iniciales, la Digeig determinó que los hechos podrían tener carácter penal y remitió el expediente al Ministerio Público, específicamente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, conforme a la Ley 133-11.