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Al acoger el pedimento del Ministerio Público, un tribunal impuso un año de prisión preventiva al hombre que el pasado 24 de agosto asesinó y descuartizó con un arma blanca a una hermana tras una discusión, luego de que acudiera a la vivienda de la víctima en el sector Los Restauradores, del municipio Mao, en la provincia Valverde.
El imputado Juan José Guerrero Quezada, de 33 años de edad, le ocasionó la muerte a su hermana Mildred Estefanía Guerrero Quezada, de 35 años. Posteriormente, el imputado descuartizó a la víctima en su afán por desaparecer su cuerpo.
La solicitud formulada por la fiscal litigante Joselin Checo fue acogida por el juez Julio César Araujo, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde, quien impuso la prisión preventiva al imputado y ordenó su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Mao.
Guerrero Quezada le provocó múltiples heridas de arma blanca en el tórax, cuello y abdomen, además de que descuartizó sus miembros inferiores y le cercenó un dedo de la mano derecha, siendo enviados los restos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) con fines de autopsia judicial.
Las investigaciones establecen que, tras cometer el hecho, el imputado introdujo parte del cuerpo en cubetas y en una olla que entró en el horno de una estufa con la intención de cremarlo.
Posteriormente, alrededor de las 11:00 de la noche del citado día, Guerrero Quezada se marchó del lugar, llevando consigo documentos personales de la hermana asesinada y un teléfono celular, así como la llave de su apartamento y de una pasola, además de una jaula con periquitos.
La cuarta vez fingió haber encontrado el cuerpo sin vida con un estruendoso grito escuchado por vecinos del lugar, quienes, se apersonaron al apartamento, donde encontraron el cuerpo de la joven mutilado y de inmediato procedieron a dar aviso al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
La instancia fue presentada por los procuradores fiscales de Valverde Víctor Manuel Mejía (titular) y Domingo Tejada, quienes otorgaron al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 295, 296, 297, 298, 302, 303 y 309-2 del Código Penal dominicano.