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En un esfuerzo coordinado que refuerza la seguridad migratoria y el orden institucional, la Dirección General de Migración (DGM) impulsó en septiembre una serie de operaciones de interdicción que culminaron con la deportación de 34,873 nacionales haitianos que permanecían en el país en situación migratoria irregular.
Esa cifra eleva a 370,240 los repatriados al cumplirse un año de la gestión del vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD, quien asumió la dirección de la DGM el primero de octubre de 2024, designado por el presidente Luis Abinader.
Por otra parte, en lo que va de 2025, el total de extranjeros indocumentados repatriados a sus lugares de origen es de 285,614, con lo que la DGM se consolida como un actor clave en la gestión de flujos migratorios complejos y en la defensa de la seguridad ciudadana y la integridad de la soberanía nacional.
Las operaciones, llevadas a cabo en coordinación con las Fuerzas de seguridad del Estado, se enmarcaron en un plan integral para, además de regularizar la situación migratoria, también controlar actividades ilícitas y garantizar que las personas que ingresan al país lo hagan conforme a la normativa vigente.
Asimismo, con la coordinación de las instituciones militares que apoyan a la DGM (ERD, ARD, FARD, PN, Ciutran y Digesett, entre otras) se repatriaron directamente desde Pedernales a 1,581 indocumentados, 3,162 por Jimaní, 3,079 por Elías Piña y 1,581 por Dajabón.
En lo que va de este año, la distribución mensual de deportaciones ha sido: 31,221 en enero, 26,659 en febrero, 28,534 en marzo, 32,540 en abril, 34,290 en mayo, 30,759 en junio, 31,462 en julio, 35,276 en agosto y los 34,873 de septiembre.
Las operaciones de interdicción enfatizaron en puntos estratégicos, apoyadas en tecnología de vigilancia y un proceso de verificación que permitió identificar a quienes no contaban con la documentación correspondiente o cuya estadía excedía los plazos autorizados.
La DGM afirmó que las interdicciones representan una acción necesaria para preservar la seguridad nacional y, al mismo tiempo, para evitar que personas vulnerables caigan en redes de tráfico de personas o explotación.