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DGCP suspende 20 registros de proveedores por supuesto fraude en contrataciones del Estado

De acuerdo con la resolución DGCP44-2025-004600, fueron suspendidas las razones sociales Comerdon SRL, Inversiones Qtek SRL, Condelca SRL, Tingley Business SRL, Mediterráneo Investments Group SRL y Kury Limited.

Lisbeth Báez
Lisbeth Báez
20 noviembre, 2025 - 8:17 PM
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Suspensión
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La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió de oficio 20 Registros de Proveedores del Estado (RPE) de empresas y consorcios vinculados a una presunta estructura dedicada a manipular procesos de compras públicas mediante prácticas fraudulentas, según informó este jueves la institución.

Empresas señaladas y alcance de la medida preventiva

  • De acuerdo con la resolución DGCP44-2025-004600, fueron suspendidas las razones sociales Comerdon SRL, Inversiones Qtek SRL, Condelca SRL, Tingley Business SRL, Mediterráneo Investments Group SRL y Kury Limited. También Importadora Coav SRL, Empresas Integradas SAS, Flexiplas SRL, Inversiones Nogal Verde SRL, Agro Avícola Benevento SRL, Grupo Empresarial Barnichta SRL, Inversiones Yang SRL, Topicverse SRL y Roment SRL.


Asimismo, quedaron inhabilitados los consorcios Empresas Integradas & Concreto Pretensado; Empresas Integradas & Constructora Yeara; Empresas Integradas & Farmasino; Empresas Integradas & Tankasa; y el Consorcio Importadora Integrada (Importadora Coav).

La institución advirtió que, a medida que avancen las investigaciones administrativas y penales, podrían sumarse nuevas empresas o personas vinculadas al mismo esquema. La DGCP recalcó que esta suspensión no constituye una sanción, sino una medida cautelar para proteger la integridad del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas mientras el Ministerio Público profundiza la investigación penal.

Investigación apunta a colusión, intimidación y manipulación de procesos

La DGCP explicó que la decisión se sustenta en la pesquisa realizada junto a la Unidad Antifraude de la Contraloría, así como en la investigación penal en curso por presuntos delitos de estafa contra el Estado, soborno, colusión, lavado de activos, falsificación de documentos y asociación de malhechores.

Los hallazgos incluyen patrones de participación conjunta, rotación de adjudicatarios, concentración de contratos y testimonios de proveedores que denunciaron amenazas, chantajes y presiones para desistir de adjudicaciones legítimas. Según la institución, mantener habilitadas a las empresas investigadas implicaría un “riesgo grave e inminente” de reiteración o interferencia en los procesos, lo que justifica la medida preventiva.

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