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Un total de 196 personas fueron detenidas en un amplio operativo del Ministerio Público en el municipio de Sosúa, Puerto Plata, como parte de una acción conjunta contra el proxenetismo, la explotación sexual y el tráfico ilícito de migrantes. La intervención incluyó 29 allanamientos, la inspección de 12 pensiones y la clausura de 17 centros de expendio de bebidas alcohólicas.
Durante los operativos, que contaron con la participación de 35 fiscales y más de 500 agentes de distintas entidades estatales, se encontraron 174 mujeres, entre ellas seis menores de edad, así como 22 hombres. También fueron ocupadas armas de fuego y otras evidencias que apuntan a la comisión de delitos relacionados con la trata de personas y otras actividades ilícitas.
El Ministerio Público informó que esta intervención se enmarca en una estrategia más amplia de combate al crimen organizado en la zona norte del país. Como parte del plan, se anunció la creación de una fiscalía especial en Sosúa, dedicada exclusivamente a investigar y dar seguimiento a los casos de trata, tráfico de personas, proxenetismo y delitos conexos.
Según explicó la procuradora general adjunta Yeni Berenice Reynoso, la nueva fiscalía tendrá como función principal dirigir las investigaciones y coordinar los esfuerzos institucionales para enfrentar de manera sostenida las redes de explotación sexual comercial y tráfico de migrantes. La instalación de esta unidad fue aprobada por el Consejo Superior del Ministerio Público.
En el operativo participaron agentes de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Dirección General de Migración, el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Policía Turística, así como instituciones de protección de menores como Conani y la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia.
Desde hace años, organizaciones comunitarias de Sosúa han denunciado la concentración de la prostitución en el sector El Batey, un área turística que da acceso a las principales playas del municipio. Las denuncias se enfocan en la exposición constante de menores y el impacto en la imagen de la zona.
En redes sociales también circularon críticas de ciudadanos que alegan haber sido retenidos durante horas en centros de diversión mientras se realizaban chequeos a todos los presentes. Las autoridades no se han pronunciado hasta el momento sobre estos señalamientos.